Puebla no tendrá más una Ley Bala debido al que el Congreso local determinó que no emitirá un ordenamiento para reemplazar esa legislación creada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en 2014.
Para regular el uso de la fuerza pública por parte de los elementos policiacos, los diputados aprobaron una reforma a la Ley de Seguridad Pública del estado que consistió en incorporar un capítulo en esa materia.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, explicó que la enmienda es suficiente para levantar el veto que impuso el gobernador Antonio Gali Fayad a la abrogación de la Ley Bala, aprobada por el Poder Legislativo el 17 de septiembre pasado.
Gali Fayad justificó el veto en que la falta de un marco normativo que regule el uso de la fuerza pública dejaría a las fuerzas del orden sin lineamientos que moderaran su actuación en operativos de seguridad.
Gabriel Biestro indicó que el mandatario local tendrá que publicar la abrogación en el Periódico Oficial del Estado (POE), a fin de que entre en vigor junto con la reforma a la Ley de Seguridad Pública.
Chalchihuapan, la razón principal para la abrogación
El nombre oficial de la norma anulada es Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiacas del Estado, que aprobó la legislatura pasada bajo el dominio del PAN el 19 de mayo de 2014 a propuesta de Moreno Valle.
Los diputados de Morena, el PT y el PES que iniciaron funciones el 15 de septiembre pasado determinaron la desaparición de esa norma, debido a que su aplicación derivó en la represión del 9 de julio de 2014 en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, del municipio de Ocoyucan.
Los proyectiles que lanzaron los elementos policiacos para dispersar una manifestación contra el retiro del registro civil provocaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, así como heridas de gravedad en otros pobladores de esa junta auxiliar.
Reforma a la Ley de Seguridad Pública
La reforma aprobada por el Congreso a la Ley de Seguridad Pública del estado determina en el artículo 33 quater que los cuerpos policiales deberán observar estrictamente los criterios y protocolos internacionales y nacionales aprobados para el uso de la fuerza policial en todos los operativos en los que participen.
Asimismo, establece que las autoridades estatales tendrán que emitir sus propios protocolos, los cuales deberán ajustarse a tres principios, entre los que destaca “el ejercicio moderado y la actuación proporcional considerando las circunstancias o agresiones recibidas, la resistencia encontrada y el objeto legítimo que se busca”.
Asimismo, tendrán que procurar reducir al mínimo de los daños y lesiones, así como permitir la prestación de servicios médicos y de emergencia a las personas heridas, “sean activos o pasivos dentro de un acto de alteración en el orden público”.