La entrega de 50 por ciento de los recursos del Fondo Minero a los municipios del país solo tiene como objetivo desmovilizar a los pueblos que se oponen a la extracción de recursos naturales, pues ahora los presidentes municipales serán los primeros interesados en entregar permisos para exploración y extracción, señaló el representante de la agrupación Causa Indígena, Raymundo García López.
Señaló que los presidentes municipales lo primero que hacen al llegar al cargo es comprar camionetas, contratar asesores, así como a familiares y amigos, engrosando las nóminas de los ayuntamientos, además de que las obras públicas en muchos casos se han limitado al remozamiento de las plazas principales de los municipios.
Con más recursos del Fondo Minero, “los presidentes municipales se van a pelear por esos recursos que no benefician a nadie, sino que servirán para mantener los privilegios de los grupos políticos incrustados en los ayuntamientos”, afirmó.
La reforma hacendaria aprobada este miércoles por la Cámara de Senadores incluye que 50 por ciento de los impuestos federales recaudados vayan a municipios donde se realice explotación minera; 30 por ciento a las entidades federativas y 20 por ciento restante ingresará a la Federación.
Sin embargo, García López lamentó que en esta reforma no se haya incluido una serie de candados para evitar que los ediles despilfarren estos recursos que, anticipó, no serán pocos.
Afirmó que el tema de fondo no es la cantidad de dinero que llegará a los ayuntamientos con esta reforma, sino la destrucción del territorio y de los recursos de la Sierra Norte.
“A los 65 municipios de la Sierra Norte de Puebla han llegado recursos, sí ha llegado dinero. ¿Por qué sigue siendo pobre? Porque los recursos públicos no son usados con eficiencia, sino que se van al caño de la corrupción”, criticó.
Para contrarrestar esta situación indicó que organizaciones como Causa Indígena están impulsando que cada ayuntamiento del estado de Puebla cuente con una representación indígena, que pueda defender su territorio y cultura.
“Desde ahí se puede dar la pelea”, afirmó García López, quien se pronunció en contra del cobro de mayores impuestos a las mineras, pues lejos de parecer benéfico dificultará más la defensa de la tierra y el agua por parte de los diferentes movimientos sociales opositores a esos proyectos.
Afirmó que “continúan los engaños” por parte del sector minero que “solo chantajeó” a los legisladores federales cuando hace unas semanas se presentaron para amagar que se irían del país si se incrementaban los impuestos.
“No lo van a hacer, no van a ir a ningún lado. Las mineras con apoyo del gobierno siguen usando recursos naturales en beneficio del capital privado; mienten como cuando se dijo que bajaría el costo de la energía eléctrica con la instalación de plantas hidroeléctricas. Fue un engaño al pueblo”, remató.
Los estados que están considerados por el gobierno federal dentro del Fondo Minero son Chihuahua, Zacatecas, Durango, Sonora, Guerrero, Coahuila y Nuevo León.
Los propietarios de concesiones mineras deberán pagar un derecho especial sobre esta actividad extractiva, que es de 7.5 por ciento de sus ingresos anuales. Además, se pagará un derecho extraordinario de 0.5 por ciento de los ingresos por la venta de oro, plata y platino.