El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión en Puebla, exigió que los candidatos a la gubernatura y el Poder Legislativo local, se pronuncien en torno al imperio de prácticas morenovallistas como la persecusión política, la represión y el uso de las instituciones como instrumentos de amedrentamiento contra disidentes.
En una rueda de medios ofrecida esta mañana, Carolina González Barranco y Miguel Ángel Rosas Burguess leyeron un pronunciamiento dirigido a los abanderados poblanos, en el que se advierte:
“Durante los últimos 8 años Puebla se ha caracterizado por la sistemática violación a los derechos humanos, hecho corroborado por la suma de personas que pasaron por prisión en ese lapso, además de individuos que sin tener procesos abiertos fueron intimidados, más ciudadanos a quienes se les generaron órdenes de aprehensión y aquellos a quienes han pasado meses o incluso años sujetos a procesos abiertos”.
En ese sentido, el Comité pidió que los postulantes se pronuncien sobre el hostigamiento y la criminalización de la protesta social, como respuesta a la necesidad de diálogo y consenso entre ciudadanos y gobernantes.
También acerca de la cooptación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para fabricar delitos, la complicidad y complacencia ante poderes transexenales.
Demandaron que los candidatos fijen un posicionamiento sobre “el desarraigo forzado a la tierra, el despojo de bienes comunales y patrimonio individual”, pues “hasta hoy las comunidades siguen resistiendo ante el embate de los proyectos mineros, la fractura hidráulica y la instalación de proyectos energéticos mal evaluados y peor concebidos”.
Describieron el uso faccioso de la FGE a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget que fabricó cargos e incurrió en violaciones deliberadas al debido proceso para reprimir a opositores al régimen de Rafael Moreno Valle Rosas.
“Por los tortuosos caminos previamente referidos han pasado estudiantes, algunos incluso miembros de este comité, defensores de la tierra y del medio ambiente, del patrimonio cultural, líderes de movimientos sociales, campesinos, trabajadoras domésticas, indígenas, mototaxistas, académicos, presidentes de juntas auxiliares, ciudadanos que exigían el cabal cumplimiento de promesas por parte de empresas o la rendición de cuentas de gobernantes; alcaldes, periodistas, diputados, ex servidores públicos”, mencionaron.
Recordaron que en el proceso vigente los poblanos “tendrán la opción de elegir entre quienes proponen reordenar la convivencia en comunidad y quienes han fungido como cómplices de decisiones autoritarias de los gobernantes, tal como se caracterizó el sexenio pasado”.
Recordaron entonces las leyes arbitrarias promulgadas por los diputados morenovallistas a instancias del entonces mandatario y hoy candidato plurinominal al Senado de la República por el Partido Acción Nacional (PAN):
La ley que privatizó el agua, la de expropiación exprés, la que arrebató el Registro Civil a las juntas auxiliares, la Ley Bala -por la cual perecieron el niño José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo y el joven Ricardo Cadena-, la penalización del grafiti.