El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla, informó que hasta el día de ayer se tenían registrados 355 casos de represión, procesados y presos políticos en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.
Los representantes de la organización participaron este miércoles en la segunda jornada de los Informes Ciudadanos y advirtieron que “en este momento, 30 de noviembre de 2016, nos encontramos en la antesala del último informe de Rafael Moreno Valle y es fundamental que en su calidad de aún gobernador, rinda cuentas en materia de derechos humanos. Cientos de personas en este estado han visto restringida su libertad, seguridad y economía en virtud de la persecución que contra ellos el gobierno estatal ha suscitado. Algunos incluso han asumido el costo con su propia vida”.
Según el balance de la organización, hay en este momento 11 presos políticos: un mototaxista, cuatro integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, tres choferes de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), un par de pobladores de Felipe Ángeles y el ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor.
El Comité considera también que hay un condenado político: Jairo Javier Montes Bautista, ex Presidente auxiliar de Chalchihuapan, que una persona murió en condición de preso: Delfino Flores Belga, que otra se encuentra en arraigo domiciliario: Juventino Tlahuel y que dos más demostraron su inminente inocencia: Enedina Rosas Vélez y Néstor Espinoza López.
Agregaron los representantes que en el sexenio de Moreno Valle hay 136 procesados y 150 órdenes de aprehensión libradas, por lo que se puede hablar de al menos 302, presos políticos, perseguidos o procesados durante este sexenio, a los que deben sumarse 17 procesos que heredó del gobierno marinista en contra de campesinos de San Andrés Azumiatla que continúan abiertos, amén de 36 órdenes de aprehensión libradas en 2006 contra pobladores de Huaxcaleca que siguen vigentes.
En total son 355 presos, perseguidos o procesados, advierte el Comité, lo cual es “la clara expresión del control que el Ejecutivo estatal ha detentado sobre las instituciones jurídicas que, lejos de impartir de injusticia, fabrican delitos a modo, violando toda garantía al debido proceso”.