Combatir el analfabetismo jurídico

Nunca se han solucionado los problemas

cuando no se han detectado correctamente”.

Daniel Innenarity


Las estadísticas sostienen que el promedio de escolaridad en México es de tercero grado de secundaria (para 2010 el promedio era precisamente primero de secundaria, en 2015 es ya tercero de secundaria). Educación tan básica que, bien puede sostenerse, desafortunadamente en la actualidad no alcanza para mucho; pero la crisis al respecto de la ausencia de educación es mundial. Prueba de ello es la preocupación que existe en Alemania por que la gente dejó de leer y consumir libros al ritmo que normalmente estaban acostumbrados –no debe perderse de vista que Alemania es el país con el mayor índice de lectores–. Ahora bien, la respuesta es que el pueblo alemán está dándole prioridad a las series de Netflix y no al consumo de libros. Ello, a pesar de que, aun así, Alemania se encuentra con un promedio de consumo por persona de entre 12 y 15 libros al año (La jornada, viernes 8 de junio de 2018). Esta estadística del consumo de libros es importante, ya que así como la materia prima del que hace un pantalón es el algodón, la materia prima de los profesores, estudiantes, jueces, abogados son los libros. Valdría la pena preguntarse: ¿cuál es el promedio de consumo de libros en México?

Desde luego que, adicionalmente a los libros, la capacitación para el trabajo jurídico es fundamental; pero debe quedar claro que hay tres tipos de capacitación: operativa, reflexiva y “de plástico”. De esta última capacitación en las licenciaturas, maestrías y doctorados poco hay que comentar, ya que es aquella que no se investiga, menos se estudia, pero sí por la que se paga la colegiatura; es la que se realiza sin acudir a las aulas o en periodos muy breves; donde se sustituye la investigación con trabajos del momento, los exámenes con promedios altos que se logran con trabajos de ocasión. En pocas palabras, son un desastre.

Otro tipo de capacitación es la operativa, que es pasajera, eventual, provisional; es –como dice el profesor en sociología Zygmunt Bauman– “líquida” (Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. Ciudad de México: Ensayo TusQuets, 2013), es decir, es la suficiente para subsistir hoy, pero inútil para mañana; es incomoda, estorba por su poca calidad, se aprende lo que hoy funciona pero mañana no. Visto esto, lo que requiere la justicia mexicana es una capacitación reflexiva, que es permanente, analítica, ésta representa que los cambios en las leyes no afecten; con ella se cuenta con las bases suficientes para poder enfrentar los cambios legislativos. Ahora bien, el problema de la capacitación reflexiva es que provoca cursos de investigación, es decir, no podemos decir que hay una capacitación o estudio sin que se puede investigar, y el problema radica en que pareciera que el sistema de educación oficial esta peleado con esta capacitación reflexiva por esto. Por lo mismo, no hay investigaciones, se exime de las tesis y tesinas para evitar que se incremente la cultura jurídica, pues en el mundo jurídico hay mucho quehacer, a saber: ¿es primero el poder político o el derecho? O, bien, ¿tenemos que permitir que exista esa libertad en la ciencia y la tecnología?, ¿como limitar al poder económico de los grandes monopolios que están acabando con la vida de todos nosotros? Sin embargo, pareciera que la educación oficial pretende desestimar esa problemática.

Para esa capacitación reflexiva, desde luego, se necesitan libros, como bien lo señala el profesor portugués Boaventura de Sousa Santos: “El derecho de los libros es como el derecho le habla al poder”. Y después dice: “El derecho práctico es como el poder le habla al derecho”. Por ello, se debe apelar a que el derecho de los libros esté más cerca del derecho práctico, ya que el derecho de los libros es el de la seguridad jurídica, de la justicia, que a veces pareciera que cada día está más alejado del derecho práctico, pues en ocasiones los tribunales autorizan el desplazamiento de personas, la institucionalización de la pena de muerte o la permisión de los francotiradores. Por lo tanto, es necesario combatir el analfabetismo jurídico, ya que, de inicio, una cosa es la cultura general y otra la cultura jurídica. Así, pues, ¿qué podemos decir de la cultura jurídica, si, con todo respeto, estamos en tercer año de secundaria en promedio? Por eso las instituciones del Estado, las escuelas, instituciones y universidades deben combatir ese analfabetismo jurídico, que desafortunadamente se ha incrementado y provocado, en parte, no por la especialización, sino con la híperespecialización jurídica, con las trampas procesales en las leyes o, bien, con la imposibilidad de acudir a una instancia judicial, así como también con la corrupción. Precisamente, lo que necesitamos es acabar con ese analfabetismo jurídico, porque el derecho puede ser factor de cambio y no un factor de control del poder.