Desde la privatización del servicio en 2014, una empresa “fantasma” que firma como “Agua de Puebla para Todos”, que no tiene registro legal, cobra el consumo del suministro del líquido en los capitalinos y habitantes de cinco municipios conurbados en el estado.
La denuncia la hizo el abogado Omar Jiménez Castro, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), quien explicó que Concesiones Integrales SA de CV, la cual obtuvo la concesión del agua en Puebla, creó otra empresa “fantasma” sólo para cobrar el recurso.
Durante la entrevista efectuada por el periodista Fermín García, director de esta casa editorial, Omar Jiménez dejó en claro que la privatización del agua, drenaje y saneamiento, así como el corte del servicio público por no pagar es un delito.
Concesiones Integrales no va a juicio contra usuarios morosos, se brinca todo el proceso legal para cortar el servicio porque ningún juez en el mundo podría otorgar una suspensión de agua o drenaje porque es ilegal, argumentó.
Desde la entrada en vigor de la privatización del servicio en Puebla, hace tres años, acusó que se viola sistemáticamente el derecho humano al agua.
Expuso que detrás de Concesiones Integrales SA de CV hay otras cuatro empresas vía outsourcing. Una se encarga de entregar las boletas a los usuarios, otra al saneamiento, otra más a cobrar y amenazar a los clientes morosos desde un despacho jurídico, pero la firma que tiene el mayor control es Concesiones.
Sin embargo, Omar Jiménez dijo que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) no ha dejado de existir por ser el órgano regulador de las cuatro firmas.
El abogado relató que desde 2013 se escuchó el rumor que el agua sería privatizada en Puebla, y entorno a esta situación comentó que comenzaron a reunirse ciudadanos y luchadores sociales para la defensa del recurso.
Pedimos a los ciudadanos que llevaran sus boletas del Soapap y las nuevas de Concesiones Integrales para presentar amparos en contra de la privatización, pero a raíz de los amparos la empresa mañosamente dejó de enviar los recibos, y es cuando da el cambio de nombre a ‘Agua de Puebla para Todos, precisó en la conversación.
En un comparativo entre ambos estados de cuenta, tanto de Soapap como de la empresa, informó que además de la diferencia de hasta 400 por ciento en el incremento del cobro, también se incurrió en una serie de irregularidades.
Entre ellos, señaló que el Artículo 110 de la Ley de Aguas para el Estado de Puebla dice: “el estado de cuenta debe entregarse con 30 días de anticipación al consumidor, y en el recibo debe contar con la tarifa expresa, consumo en metros cúbicos, periodo, nombre de usuario, dirección y número de servicio”, pero en la práctica no se cumple.
Con un estado de cuenta en la mano, Omar Jiménez fue señalando que ahora el cobro que emite Concesiones Integrales sólo viene la tarifa, pago anterior, consumo del mes, y a parte lo firma una empresa que legalmente no existe “Agua de Puebla para Todos”.
Aunado a lo expuesto, aseveró que durante 2014 y 2015 no se emitieron boletas en todo el año, para frenar la presentación de amparos ciudadanos.
Concesiones intentó “lavarse las manos” por ser una empresa particular
Jiménez Castro reveló que, cuando comenzó a interponer amparos contra el incremento desmedido en el cobro del servicio del agua, “nos los desecharon porque Concesiones Integrales no es una autoridad responsable, sino una empresa particular”.
Al respecto, el litigante manifestó que el amparo sólo se puede hacer contra actos de autoridad que vulnere las garantías individuales, pero no contra una empresa, lo cual sustenta la privatización del agua en la capital y los cinco municipios.
El agua no es una mercancía, es un derecho humano que sí se le puede disminuir la cantidad que se distribuye a la población, pero no se le puede negar el acceso, dejó en claro.
No obstante, el experto destacó que los amparos empezaron a prosperar cuando se documentó que Concesiones Integrales no cuenta con información verídica para emitir los cobros en el consumo de agua de los usuarios.
A la fecha, informó que la Asamblea Social del Agua ha ganado 47 amparos por cobros excesivos y corte del servicio público.
Cortar el agua y el drenaje sin avisar, es ilegal. El artículo 16 de la Constitución Federal dice: ‘nadie puede ser molestado en domicilio, familia o posesiones sino por mandato judicial que funde y motive la decisión, recalcó.
Al final, Jiménez Castro señaló que la deuda de un usuario existe porque no está dispuesto a pagar un servicio exorbitante que incluso en algunas ocasiones ni recibe.
En respuesta, concluyó, la empresa corta el agua y el drenaje a los consumidores, cuando no puede hacer justicia por su propia mano. “Primero Concesiones tendría que denunciar a los moros ante las autoridades, después deberá exhibir sus pruebas, y si hay un adeudo la persona esta deberá pagar con una propiedad, pero no puede quitarles el servicio. El agua es un derecho humano, y en este mundo a nadie se le puede negar el líquido”.