Con el 77.3 por ciento, el estado de Puebla es una de las ocho entidades con mayor rezago legislativo en México, al rehusarse a armonizar leyes federales y políticas públicas para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia.
A nivel nacional, el progreso de estas normativas es de 79.27 por ciento, según reveló la plataforma de seguimiento a la armonización de normativa de los derechos humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Chiapas fue el estado que obtuvo el porcentaje más alto de armonización de sus leyes con el 90 por ciento, seguido por Tlaxcala con el 86.67, mientras que la legislación federal tiene una armonización del 76.67 por ciento.
La plataforma pretende abonar al seguimiento que se haga a la armonización integral del Sistema Jurídico México, en relación con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, así como detectar tareas pendientes en el ámbito legislativo vinculadas a la implementación efectiva de los derechos de las mujeres.
Muy distantes de este porcentaje también está el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Yucatán y, por supuesto, Puebla.
La CNDH analizó 15 mil 340 artículos de leyes estatales, verificando que incorporaran los doce derechos que constituyen los elementos básicos para que las féminas tengan acceso a una vida plena.
Las normas revisadas fueron el Código penal (o leyes para prevenir la tortura); Código civil (o ley familiar, en aquellas entidades que lo tengan); Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; Ley para la igualdad entre mujeres y hombres; y Ley para prevenir y erradicar la discriminación.
En el caso específico de Puebla, la Comisión Nacional expuso que la entidad no ha armonizado la norma que respecta al derecho a la igualdad de protección ante la ley, y la igualdad de oportunidades, que a nivel nacional su porcentaje es de 71.25 por ciento.
En este rubro, precisó que solo nueve estados lo han regulado adecuadamente: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero y Morelos.
En cuanto al derecho que respeta la dignidad inherente a la persona, y que se proteja a su familia, señaló que la autoridad poblana tampoco la acata.
Esto debido a que no se encuentra dentro de la lista de estados que armonizaron la Ley referente a estas garantías. En la misma situación se encuentran Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.
Por lo que hace al derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral tiene una armonización del 63.75 por ciento, ya que solo lo han regulado adecuadamente, la Ciudad de México y los estados de Chiapas y Tamaulipas.
En este último punto, Puebla de la misma forma se ha rehusado a homologar la norma.
Referente al derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad, la entidad poblana, junto con el Estado de México y Michoacán, tampoco forma parte del 96.25 por ciento del avance nacional.
La CNDH precisó que las mujeres tienen derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral; a la libertad y a la seguridad personal; a no ser sometida a tortura; a que se respete la dignidad inherente a su persona, y que se proteja a su familia; a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a la igualdad de oportunidades; al acceso a la justicia.
También –añadió- se tiene derecho a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones; a ser libre de toda forma de discriminación; a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; a la salud y a contraer matrimonio de manera libre e informada.
El organismo sostuvo que armonizar quiere decir “dar cumplimiento a nuestra Constitución, significa dar cumplimiento a nuestra palabra, ya que es finalmente una decisión de Estado que debemos honrar”.
Destacó que un adecuado marco legal “no lo resuelve todo”, pero es el primer paso indispensable para dar pauta a la construcción de sucesivas acciones a políticas públicas, para etiquetar presupuestos, para diseñar estrategias y sistemas de evaluación que no se encaminen a su estricto cumplimiento.
Para conocer más de los datos proporcionados, visita la página de Seguimiento a la armonización normativa de la CNDH.