El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, reiteró que podría interponer una controversia constitucionalidad contra la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del estado”, la cual permite el uso de armas para disolver las manifestaciones en la entidad poblana.
En entrevista, el ombudsman aseguró que analizará “con cuidado” la iniciativa que envió el gobernador, Rafael Moreno Valle, la cual se aprobó de manera inmediata por el Poder Legislativo Estatal y que en caso de detectar que atenta contra la constitución promoverá un recurso jurídico.
Ayer, Plascencia Villanueva recibió de las autoridades del ayuntamiento de Puebla la Cédula Real además de la Clavis Palafoxiana por su trayectoria laboral.
Al finalizar el acto, fue cuestionado por la prensa sobre la denominada “Ley Bala” y declaró que el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, le entregó el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla a fin de que realice un análisis y verifique si se violan los Derechos Humanos de los manifestantes.
El estudio –explicó– será en base a dos documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el primero, “El Código de Conducta para Servidores Públicos para Hacer Cumplir la Ley” y el segundo “Los principios de las Naciones Unidas Para el Uso de las Armas de Fuego”, ambos que deberán ser compatibles a la normativa de la entidad poblana.
“Los dos documentos señalan la gradualidad del uso de la fuerza y en qué casos se pueden usar las armas de fuego. Las Naciones Unidas han establecidos lineamientos para que los gobiernos se comprometan a ellos”, dijo.
Plascencia informó que en ambos oficios se permite el uso de armas y que en el caso de Puebla vigilarán que esta medida sea aplicada con base en los estatutos internacionales y sin violar la libre expresión de grupos inconformes.
El presidente del organismo evitó dar su postura sobre la utilización de pistolas para esparcir movimientos sociales, incluso, aseguró que en la entidad no hay “casos graves” de violación de Derechos Humanos en comparación a entidades como Morelos y Oaxaca.
Retraso en caso gasoducto
Por otra parte, el presidente de la Comisión CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, dio a conocer que las investigaciones sobre la detención arbitraria de los activistas que se oponen al Proyecto Integral Morelos continúan en análisis.
Al respecto, manifestó que el organismo realiza un informe del daño ambiental y los derechos de las comunidades indígenas ubicadas en la región del volcán Popocatépetl además de la autorización del gobierno federal así como del estatal para ejecutar el gasoducto.