Emitió la CNDH seis recomendaciones durante sexenio de Moreno Valle; cinco siguen incumplidas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas seis recomendaciones de las cuales cinco están en trámite y solo el caso de Chalchihuapan, por violaciones graves, ha sido cumplida a su totalidad.

Esto es resultado del Informe de Seguimiento de Recomendaciones en el que aclara que una recomendación puede ser emitida a una o varias autoridades.

Es decir, el organismo nacional precisó que las seis recomendaciones fueron contra el gobierno del estado de Puebla y alcaldes municipales.


De acuerdo con el estudio, del 1 de enero de 1990 al 3 de enero pasado, en México se han emitido 2 mil 688 recomendaciones dirigidas a 3 mil 348 autoridades en el país.

De dicha cifra, sólo 11 son por violaciones graves, entre las que se encuentran la número 2014/2VG, por el uso de la fuerza pública ejercida contra el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, donde policías asesinaron al niño José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años de edad.

Chalchihuapan es el único caso que ha sido cerrado, mientras que la decena continúa pendiente.

Las cinco recomendaciones pendientes que ha incumplido las autoridades poblanas son la número 2016/54 emitida contra el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, a quien la CNDH pidió garantizar los derechos a la salud y vivienda luego de la muerte de un bebé por negligencia de seis médicos en el Hospital General de Cuetzalan.

El segundo caso refiere a la recomendación número 2016/58 también girada a Moreno Valle por una mujer indígena y su bebé que fueron víctimas de negligencia médica y la falta de recursos en hospitales, lo cual desencadenó en la muerte de la menor.

La tercera recomendación fue la número 2017/10 que involucró al gobierno de Antonio Gali Fayad, así como a los ediles de San Martín Texmelucan, José Rafael Núñez Ramírez, y de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, por la contaminación del río Atoyac.

Esta recomendación también fue para el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra; así como para el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, y el edil de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández Nieves.

A los gobiernos de Puebla y Tlaxcala se les señaló de ser omisos ante la contaminación por aguas residuales del río Atoyac, violando los derechos humanos de los pobladores que habitan las inmediaciones del afluente.

El cuarto caso fue la recomendación número 2017/78 contra el linchamiento de los hermanos Copado en el municipio de Ajalpan.

Los hechos violentos se perpetraron en 2015, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, sin embargo, la CNDH acreditó que hubo omisión de las autoridades estatales y del Ayuntamiento de Ajalpan por no intervenir en el linchamiento.

Los hermanos Rey David y José Abraham Copado fueron asesinados a manos de una turba enardecida que los acusó de secuestradores, por lo que demandó a la autoridad poblana reparar el daño.

Finalmente, la quinta recomendación incumplida es la que emitió el organismo nacional al alcalde de Tetela de Ocampo, Ricardo Gualterio Aco Farfán, de acuerdo con el número de folio 2016/17, a quien la CNDH le pidió reparar el daño a un particular por invadir su territorio.

A nivel nacional, la autoridad con el mayor número de recomendaciones en trámite es la Comisión Nacional de Seguridad, con 59 casos. Le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 49, y la Procuraduría General de la República (PGR), con 33.

Mientras que las entidades federativas que más recomendaciones han recibido son Oaxaca, con 238; Guerrero, 216; Chiapas, 199; Veracruz, 188, y Chihuahua, 150.

Al final, la CNDH informó que las autoridades aceptan las recomendaciones, pero tardan mucho en cumplirlas, razón por la cual hizo un enérgico exhorto para que den pronto y real cumplimiento a los mismos.

Asimismo, recalcó que el incumplimiento de las recomendaciones lleva implícita la revictimización de quien vio vulnerado sus derechos fundamentales.