Se hostiga a defensores de derechos humanos y periodistas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 25/2016, en donde se documentan 29 agravios a periodistas y defensores de derechos humanos en México, de los cuales seis son del estado de Puebla.
Se trata de la ex comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez; el opositor al gasoducto Morelos, Juan Carlos Flores Solís; así como el líder campesino Abraham Cordero Calderón, quien encabezó un movimiento ciudadano contra la construcción del Arco Poniente.
Además de los alcaldes auxiliares Leonardo Báez Serrano y Raúl Pérez Velázquez, de La Resurrección y San Miguel Canoa, respectivamente, quienes rechazaron las reformas a la Ley Orgánica Municipal de Puebla.
Los cinco señalados fueron encarcelados durante 2014, y solo el edil de La Resurrección continúa en prisión.
Dichos casos se pueden encontrar en la recomendación citada con las claves de V14, V15, V16, V17 y V18, respectivamente.
En la recomendación 25 también se reporta el asesinato del periodista de Tehuacán, Adrián Silva Moreno, ocurrida en 2012, pero no se consideraron los casos del izquierdista Delfino Flores Melga y el dirigente indígena Antonio Esteban Cruz.
La CNDH mencionó que “el hostigamiento que realizan las autoridades puede realizarse de diversas maneras, pues las personas defensoras en diversas ocasiones son vigilados personalmente o a través de diversos medios, como son la intervención de teléfonos o videograbándolos, iniciándoles procedimientos penales o confiscándoles documentos personales” .
Además de la documentación de estos seis casos de Puebla, la Fiscalía General de Justicia del Estado, a pregunta expresa de organismo nacional, informó sobre casos relativos a delitos cometidos en agravio de defensores civiles al 30 de noviembre de 2015.
En este rubro, la Fiscalía General informó “un caso en el que se ejerció acción penal por el delito de homicidio calificado y robo de vehículo, y otro caso en el que se dictó auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado en agravio de un defensor de derechos humanos”.
Ante lo expuesto, la CNDH alertó que ha aumentado el nivel de agresiones a defensores de derechos humanos en los últimos nueve años, y señaló que tiene conocimiento del asesinato de 25 defensores civiles, ocurridos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.
Asimismo, se documentó la desaparición de tres defensores de derechos humanos entre el 1 de enero de 2009 y el fin de 2015.
El organismo federal precisó que de los 380 expedientes iniciados desde 2006 por agresiones a defensores, 70 por ciento de ellos ocurrió en el periodo de 2011 a 2015.
Esto de acuerdo con el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH.
Recomendación histórica
La recomendación 25 de la CNDH es la primera en la historia de esta institución dirigida específicamente a quienes defienden los derechos humanos.
Con ésta se suman cinco recomendaciones que deben cumplir el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas: dos recomendaciones sobre casos particulares, la 56/2013 sobre uso excesivo de la fuerza y trato indigno en agravio de Erick Alberto Vega Serrano, Hugo, R., Israel, D., y José Luis S. El primero de ellos privado de la vida por tortura en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado.
La recomendación número 51/2015 fue por inadecuada atención médica y violencia obstétrica en agravio de María Luisa Carrera León y su hijo, quien nació con daño cerebral y después falleció en el Hospital General de Acatlán de Osorio.
Una recomendación más por violaciones graves a los derechos humanos, el expediente número 2VG/2014, por la violencia perpetrada en Chalchihuapan en donde perdió la vida el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
La número 22/2015 fue sobre las prácticas de aislamiento en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, y ahora la número 25/2016 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo existen tres tipos diferentes de recomendaciones, referentes a casos particulares, generales y por violaciones graves.
Al respecto, el gobierno de Puebla, junto con Michoacán y Guerrero, son los únicos a quien el organismo ha conminado a que respete los derechos humanos y repare los daños causados en estos diferentes niveles.
FPDTA: en Puebla sí hay presos políticos
De acuerdo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, desde el inicio de abril de 2014 –la etapa de persecución judicial más fuerte en la historia contemporánea de Puebla–, el gobierno estatal ha negado la existencia de presos políticos, y ha mencionado que son delincuentes perseguidos y consignados por delitos que cometieron.
Con la recomendación 25, el organismo consideró en un comunicado que “la posición del gobierno del estado queda sin fundamento, ya que si bien la definición de preso político es ambivalente y controvertida, la de defensor de derechos humanos es clara y precisa”.
En este sentido, el Frente de Pueblos refirió que no solo los seis casos documentados por la CNDH son presos injustamente por su labor de defensa de los derechos humanos, sino los más de 230 casos en la entidad.
Destacó que el gobierno morenovallista también han sido perseguidos y hostigados judicialmente, entre los que aún se encuentran en la cárcel: Rubén Sarabia “Simitrio”, Atl Ruben Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia, Fernando Alonso, Javier Montes Bautista, Leonardo Baez Serrano, Juan Manuel León Evangelista, Gregorio Santos Anastacio, y dos mototaxistas más que no se han auto reconocido como defensores de derechos humanos.