CNDH condena ejecución de 6 policías de Amozoc y demanda investigación para que no quede impune

FOTO: esimagen / Ramón Sienra

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de seis agentes de la Policía Municipal de Amozoc, ocurrido el pasado 15 de junio, y demandó una investigación pronta, integral y objetiva que esclarezca los hechos y evite permanezcan impunes.

Lo anterior, como resultado de los posibles vínculos entre bandas dedicadas al robo de combustible, conocidos como huachicoleros, y corporativos de las fuerzas públicas.

El organismo nacional expresó su solidaridad con los familiares de los elementos que perdieron la vida, y exigió que los responsables de los homicidios respondan por sus actos conforme a derecho.


La ejecución de los seis policías de Amozoc se suma a la serie de agresiones y homicidios perpetuados en contra de agentes policiacos e integrantes de las Fuerzas Armadas en los últimos meses.

En ese sentido, la CNDH reclamó que la investigación de estos delitos debe no solo determinar a los responsables de los mismos, sino esclarecer también las circunstancias que incidieron o propiciaron que los policías fueran asesinados.

Esto –refirió- con el objetivo de prevenir que tales condiciones se repitan en lo sucesivo y, en caso de que se advirtiera negligencia o complicidad por parte de alguna autoridad, esas conductas también se investiguen y sancionen conforme a derecho proceda.

Todo lo anterior, recalcó el organismo federal, con estricto respeto a los derechos humanos de las personas.

La mañana de este viernes, lugareños hallaron seis policías municipales ejecutados, en la colonia Signorte, paraje conocido como “El tanque elevado” en la junta auxiliar de Chachapa, en el municipio de Amozoc.

Como resultado de las pesquisas, la Fiscalía General del Estado (FGE) estaría investigando a Javier Rojas Alonso, comisario de la Policía Municipal de Amozoc, como responsable de dar la orden de ejecución contra los seis elementos, quienes un día antes denunciaron ante la Contraloría local que aquel forma parte de una banda de huachicoleros a quienes desde su puesto brindaba protección e impunidad, manifestaron fuentes cercanas a las investigaciones.

Rojas Alonso fue despedido la semana pasada luego de que la Contraloría Municipal, a cargo de Alejandro González, habría confirmado los vínculos entre el comisario y Rojas Alonso, aseguraron las fuentes.

El ex comisario y otro alto mando de la corporación fueron detenidos la madrugada del pasado sábado y junto con otro par de civiles también aprehendidos, están siendo investigados por las ejecuciones de los uniformados: Laura Rojas Romero, Martín Estudillo Vergara, David Ortega Menchi, Arturo Hernández Gallardo, Alejandro Muñoz Antonio y José Luis Montes Anaya.

El alcalde de Amozoc, José Cruz Sánchez, y el secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales, aseguraron que las víctimas sorprendieron a los delincuentes mientras realizaban una ordeña clandestina a ductos de Pemex; sin embargo, la forma en que fueron encontrados los cuerpos, boca abajo y sin armas, revela que fueron ejecutados y que no hubo ningún enfrentamiento.

CNDH: preocupa inusitado incremento de agresiones y homicidios contra policías

Al respecto, la CNDH observó con preocupación el inusitado incremento registrado en los últimos meses, en las agresiones y, específicamente, en los homicidios perpetuados en contra de elementos policiacos y miembros de las fuerzas armadas, durante el desarrollo de tareas vinculadas con el cumplimiento de su deber.

Lamentó que los delitos, en su mayoría, continúan impunes, lo cual por sí mismo propicia que las agresiones y ataques no sólo continúen, sino que se multipliquen.

En razón de ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó que las investigaciones de estos delitos se concluyan.

También hizo un llamado a los titulares y responsables de las instituciones policíacas, tanto a nivel federal como local, para que revisen sus procedimientos, protocolos y normas de actuación.

La finalidad –dijo- es que se  tomen las medidas necesarias para brindar a sus elementos condiciones más propicias para el desempeño de sus funciones, y prevenir, en lo posible, que estos ataques y agresiones se vuelvan a presentar o tengan las consecuencias en términos de lesiones y pérdida de vidas que hoy se lamentan.