A tres años del violento desalojo, CNDH da carpetazo y cierra caso Chalchihuapan

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó el caso Chalchihuapan, tras afirmar que el gobierno del estado de Puebla dio “cumplimiento total” a los 11 puntos de la recomendación  emitida 2VG/2014 por las violaciones graves a sus habitantes.

Esto ocurre a tres años y medio del violento desalojo de pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan por parte de la policía estatal que dejó un saldo de un niño de 13 años asesinado, y más de un centenar de lesionados, entre ellos algunos mutilados.

De acuerdo a la base de datos de la CNDH, se firma que la recomendación emitida el 11 de octubre de 2014 cuenta con el estatus de “concluida”.


La investigación de campo estuvo a cargo de la Sexta Visitaduría General que inició el expediente de responsabilidad administrativa correspondiente contra seis servidores públicos, ninguno de los cuales impugnó las sanciones que les impusieron.

En su momento, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas y Niños y Adolescentes Trabajadores (Molacnats) acusó que la CNDH negoció  la impunidad del gobierno de Rafael Moreno Valle en el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue impactado por una bala de goma que disparó la policía estatal durante un operativo violento para dispersar una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan.

De las 11 recomendaciones, hasta el año pasado estaba sin cumplir el punto tercero en el que la CNDH exige al gobierno del estado de Puebla cumplir con la reparación de daño a todas las víctimas.

Lo anterior, luego que la señora Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, declaró públicamente que renunció a recibir la indemnización tazada por arriba de los 2.5 millones de pesos.

Sin embargo, la Comisión Nacional desmintió el caso tras aseverar que luego de entregar los cheques a los agraviados, ninguno formuló inconformidad alguna.

Por esta razón, Elia Tamayo días después ofreció una rueda de prensa para denunciar que admitió la indemnización por presiones del secretario General de Gobierno del estado, Diódoro Carrasco Altamirano, quien presuntamente amagó que podría continuar en prisión el ex alcalde de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista.

De la lista, también se incumplieron los puntos cuatro y cinco referentes a la implementación de mecanismos para la atención de las protestas sociales que privilegien el diálogo, así como la designación de un responsable para la solución pacífica del conflicto.

En cuanto al resto de las recomendaciones, la CNDH avaló que el gobierno de Puebla adquirió 156 cámaras portátiles HDR-AS100VR y 80 más del tipo HDR-CX330, a los cuerpos de seguridad, para registrar su conducta durante los operativos.

Asimismo, la CNDH afirmó que la autoridad poblana cumplió con la impartición de los cursos “Derechos humanos y uso legítimo de la fuerza policial” y “Derechos humanos en el orden jurídico”, como parte de las medidas impuestas.