Las organizaciones y colectivos integrantes de la mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. condenaron la persecución que emprendió la Comisión Federal de Electricidad contra opositores a la construcción del proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II–Tajín.
El bloque de organizaciones emitió ayer un pronunciamiento en el que expresa su “desaprobación y preocupación ante el clima de criminalización y violencia sistemática que se vive en el estado de Puebla en contra de organizaciones sociales, activistas, personas defensoras de derechos humanos (en particular del territorio), entre otros”.
Mencionó que “concretamente, preocupa el reciente proceso de investigación judicial que fue iniciado por parte de la Procuraduría General de la República en contra de integrantes de la organización Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MIOCUP CNPA–MN); Manuel Gaspar Rodríguez y Alfredo Guerrero Santos (de la coordinación estatal de la organización) y Francisco Jiménez Pablo (parte de la dirigencia nacional de CNPA–MN), acusados de “oposición a obra pública”, cuando durante el año pasado, ante el inminente comienzo de la construcción del proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II–Tajín, se dio una legítima resistencia de organizaciones y comunidades frente a ella, puesto que el proyecto hidroeléctricominero involucra a la Sierra Nororiental del estado y forma parte de la entrega del territorio de las comunidades indígenas de la región y de la soberanía nacional a las empresas extranjeras. Es importante mencionar que el proyecto no consideró un proceso de consentimiento y consulta previa, libre, de buena fe, informada y culturalmente adecuada para las comunidades indígenas afectadas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de carácter vinculante para el Estado.
“Por lo anterior, exigimos al Gobierno Federal y del Estado: Primero: Reconsideren su plan de desarrollo por uno en el que los intereses y derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas, así como de los sectores más desprotegidos, sean privilegiados. Segundo: Cesen la criminalización en contra de organizaciones sociales, personas defensoras de derechos humanos y del territorio, activistas y de todos aquellos actores que por medio de la lucha y de la protesta social exigen el respeto de sus derechos y su garantía por parte de las autoridades competentes, en especial de los integrantes del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional”.
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento son Ecotuzuapan A.C, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C. FNOPL, Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha Centro de Economía Social Julián Garcés A.C. MIOCUP, Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. El Barzón Poblano Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular, MASCIP CNPA MN Asamblea Nacional de Afectados Ambientales Puebla Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J.