Lunes, marzo 18, 2024

Clamor popular: no debe haber extranjeros en Pemex

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La campaña mediática del Ejecutivo federal para negar lo evidente (la entrega de los hidrocarburos al capital extranjero) no ha ganado adeptos: hoy son más los ciudadanos que no le creen a Enrique Peña Nieto su discurso de que Petróleos Mexicanos (Pemex) seguirá siendo propiedad de la nación. Los cambios Constitucionales (artículos 27 y 28) promovidos por la presidencia de la República son rechazados por tres de cada cinco ciudadanos, y dos de cada tres rechazan cualquier tipo de asociación de Pemex con las empresas extranjeras, ya que éstas secularmente han expoliado los recursos renovables y no renovables, los deterioran y agotan. Entre junio y agosto del año en curso, los ciudadanos del municipio  de Puebla que refrendan el monopolio del Estado sobre los hidrocarburos y la petroquímica básica han aumentado en 5 puntos porcentuales y en ese mismo porcentaje han disminuido los que apoyan la privatización de todas las actividades vinculadas con la extracción de hidrocarburos, transformación, distribución y venta, así como las relacionadas con la generación de energía eléctrica.


A mediados del mes de junio aplicamos una batería de preguntas sobre reforma energética a 406 ciudadanos residentes en el municipio de Puebla; la semana pasada se repitió la encuesta a 400 ciudadanos, en ambos casos, la encuesta fue telefónica y el margen de error y el grado de confianza fueron de 4.9 por ciento y de 95 por ciento respectivamente. En junio, 78 por ciento de los ciudadanos no le creía a Enrique Peña Nieto cuando decía que no piensa privatizar Pemex, 60 por ciento estaba en desacuerdo con la asociación de Pemex con empresas extranjeras y 77 por ciento refrendaba que solamente Pemex extrajera petróleo –como lo establece la Constitución–, produzca gasolina, invierta en refinerías, controle los oleoductos, reinvierta utilidades y se modernice; la semana pasada los porcentajes respectivos fueron 86, 65 y 82. Entre ambos meses medió una intensa campaña del Ejecutivo federal que pretende convencernos de la incapacidad tecnológica de los técnicos mexicanos, de la obsolescencia de las instituciones de investigación energéticas y la falta de capital público. Tan desmesurado ha sido el derroche publicitario canalizado a esa campaña, que si se hubieran invertido en refinerías para producir gasolina, quizá ya fuéramos autosuficientes.

La mayoría de los ciudadanos del municipio de Puebla estamos orgullosos de la expropiación petrolera que en 1938 hiciera Lázaro Cárdenas y de la restricción constitucional de no permitir que capitales privados participen en la extracción y transformación de los hidrocarburos ni en la generación de energía eléctrica: en el pasado mes de junio, 77 por ciento consideraba positiva la expropiación de 1938; en agosto era ya 84 por ciento.

Por cada ciudadano que apoya la privatización de Pemex y acepta cambiar la Constitución en beneficio del capital extranjero, hay dos ciudadanos que refrenda la vigencia de los artículos 27 y 28 constitucionales y considera traición a la patria entregarle al capital extranjero los hidrocarburos . Los que apoyan la asociación de Pemex con el capital extranjero argumentan que no hay tecnología ni capital; los que refrendan que la renta petrolera no se comparte dicen que los hidrocarburos son propiedad de la nación, que las empresas extranjeras nos roban y que hay recursos y capacidad para que Pemex se modernice y sea autosuficiente. En cuanto a las razones por la que Enrique Peña Nieto pretende privatizar Petróleos Mexicanos, las respuestas de la semana pasada fueron las siguientes: 20 por ciento de los ciudadanos dice que esa acción beneficia al país (genera crecimiento y empleo), 57 por ciento dice que lo perjudica (depredan recursos, roban, aumentaría el precio de los petroquímicos, corrupción del Ejecutivo federal, sumisión al gobierno de Estados Unidos y a las empresas trasnacionales) y 23 por ciento no opina. La reforma energética presentada por el Ejecutivo federal no es compartida por los ciudadanos del municipio mencionado, y la exigencia de dos de cada tres de ellos es que la bancada poblana de legisladores federales vote en contra de dicha propuesta.

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