Viernes, marzo 29, 2024

CIPOP: incumplió Moreno Valle la promesa de transparentar asignación de obras

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El gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas entregó contratos millonarios a discrecionalmente, lo que violentó el compromiso que hizo cuando fue candidato al cargo en 2010. En opinión del Centro de Investigaciones sobre Propaganda y Opinión Pública (CIPOP), el mandatario “no ha hecho lo posible por mejorar la transparencia en Puebla”.

Elizabeth Rodríguez Juárez, vocera del centro, consideró que el caso más emblemático del comportamiento de Moreno Valle ha sido el concerniente a los contratos y pormenores de la obra del Centro Integral de Servicios (CIS).

Y es que en apenas dos años la administración morenovallista ha contratado deuda mediante Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) por más de 5 mil 200 millones de pesos, pero con la anuencia de crédito que la LVIII Legislatura le aprobó en marzo del reciente año por un monto que puede ir de los mil 400 a más de 2 mil millones de pesos.

De esta forma, los pagos que las siguientes gestiones del Poder Ejecutivo local tienen que cumplir se programaron por 24 años, comprometiendo así las finanzas de al menos cuatro administraciones por un monto calculado de 7 mil millones  a 9 mil millones de pesos.

Es una modalidad de participación pública privada en la cual el sector privado presta servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público. En esta modalidad se comparten las capacidades, fortalezas y recursos de ambos sectores para ofrecer servicios de calidad a la población.

Un PPS se desarrolla con base en un contrato de servicios de largo plazo, a través del cual un inversionista proveedor proporciona un conjunto de servicios al sector público, de acuerdo con niveles de calidad definidos durante la vida del contrato. Los servicios contratados en un PPS deberán servir de apoyo para que el sector público pueda dar cumplimiento a las funciones y servicios públicos que tienen encomendados. En el caso más completo, el inversionista proveedor se hace cargo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los activos y servicios relacionados con esta provisión.

Su realización implica la celebración de un contrato de servicios de largo plazo entre una dependencia o entidad y un inversionista proveedor. Los servicios provistos bajo el contrato deben permitir a las dependencias o entidades dar un mejor cumplimiento a las funciones y servicios encomendados y a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.

El gobierno estatal, a través del titular de la Secretaría de Finanzas, Roberto Moya Clemente, ha dicho que los PPS no pueden considerarse deuda, sino sólo gasto corriente.

Además, en su comparecencia ante la LVIII Legislatura, en febrero del año que corre, afirmó que el monto que el gobierno del estado tiene registrado bajo PPS es de únicamente mil 200 millones de pesos, lo que significa 31.5 por ciento del costo total que tuvo el CIS.

Cabe recordar que el CIS tiene un valor que supera los 3 mil 800 millones de pesos, y que será pagado en 24 años. Además, el actual candidato de la coalición Puebla Unida a la presidencia municipal de la ciudad capital, José Antonio Gali Fayad, siendo titular de la Secretaría de Infraestructura, reservó toda la información sobre la obra por un periodo de 23 años, por lo que la opinión pública no puede conocer los pormenores del contrato y mucho menos los términos de pago.

Moya ha aceptado  que el contrato de PPS es un “pasivo” que tendrán que cubrir las próximas tres administraciones gubernamentales como “gasto corriente”, tal como se hace con los sueldos y prestaciones de los empleados.

En la comparecencia ante la LVIII Legislatura, señaló que es un símil de hipoteca para adquirir una vivienda cuando el sueldo no alcanza.

Insistió en que la ley no considera el PPS como deuda y tampoco se obliga a reportarlo como tal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esencialmente porque no se ha garantizado el pago con recursos del Fondo de Participaciones Federales.

Sin embargo, especialistas como Eudoxio Morales Flores han advertido que el gobierno del estado no quiere llamar las cosas por su nombre y disfraza el estado real de las finanzas públicas al negar que los PPS son deuda.

El doctor en finanzas públicas, Eudoxio Morales Flores, académico de la UAP ha dicho que aunque semánticamente no se llama deuda, en la parte técnica, un PPS es un pasivo, es decir, una deuda interna del estado que se debe pagar a una empresa que puso dinero para construir un edificio a cambio de una ganancia.

Los vacíos legales permiten al gobierno estatal afirmar que no se trata de una deuda; no obstante, en términos reales y técnicos, la administración que encabeza Rafael Moreno Valle comprometió recursos por más de 9 mil millones de pesos durante éste y los próximos tres periodos gubernamentales.

“Se escudan en vacíos, igual que las empresas, para no pagar impuestos”, ha expresado Morales, al afirmar que a la administración o al gobernador se le olvida que el recurso que se use para cubrir durante los próximos 20 años el costo del CIS es dinero que pagarán los poblanos con sus impuestos.

Eudoxio Morales consideró que de los mil 200 millones de pesos invertidos por la empresa privada que construyó el CIS durante los próximos años estará recuperando el dinero invertido cobrando 900 por ciento más. “Por cada peso invertido en el CIS se estarán cobrando por la empresa 8 pesos más”.

De hecho, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin afirmar que se trata de deuda, establece en su explicación de los PPS que los cursos de las instituciones que utilizan ese esquema sí comprometen cursos públicos, a través de gasto corriente.

“Los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten. Una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la obligación de cubrir los pagos correspondientes, los cuáles se registran como gasto corriente. Se debe demostrar, a través de un análisis costo y beneficio, el valor de realizar un PPS. Los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera eficiente entre los dos sectores. La prestación de los servicios se lleva a cabo con los activos que construya o provea el inversionista proveedor, incluyendo activos concesionados por el sector público”.

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