Por tercera ocasión en dos años, el tiradero a cielo abierto de El Zoquital, en el municipio de Xicotepec de Juárez, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Este tiradero recibe diariamente unas 150 toneladas de desperdicios de tres municipios de la Sierra Norte de Puebla, y se trata de un predio particular por el cual su propietario, un hombre llamado Conrado Rivera Galindo, recibe 183 mil pesos mensuales por permitir que los desechos sólidos inunden este paraje, donde habitan unos 5 mil zopilotes que viven de la basura, así como de animales muertos que son depositados ahí.
A principios de este año medios informativos serranos revelaron que Rivera Galindo cerró el paso a los camiones recolectores no para impedir la contaminación de esta cañada, sino para cobrar más a los ayuntamientos de Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec, que carecen de un relleno sanitario donde depositar sus desechos.
Tan sólo de Xicotepec recibía en abril pasado 53 mil pesos, mientras que de Huauchinango 100 mil pesos y otros 30 mil pesos más de Juan Galindo.
El propio ayuntamiento de Xicotepec admitió que un “convenio” con el particular que finaliza el último día de la gestión de Carlos Barragán Amador, el 14 de febrero de 2014, mismo que defenderá hasta su cumplimiento.
Para los vecinos de la zona, la contaminación que se desprende de este lugar es bien conocida, ya que la montaña de desechos que se puede apreciar desde la carretera México–Tuxpan supera los 200 metros de altura.
Al fondo del barranco, hasta donde llegan las bolsas, está un desprendimiento de lixiviados, que son los líquidos que produce la basura orgánica cuando entra en estado de descomposición, y que son altamente contaminantes. Estos lixiviados se están filtrando al subsuelo.
En este lugar se practica la pepena, y es el sustento de algunas familias que acuden para poder recolectar desde alimentos hasta objetos de valor, pasando por cartón, plástico y otros materiales de desechos.
Durante el pasado sexenio panista el basurero intentó ser clausurado por la Profepa en una ocasión durante 2011, pero éstas fueron sólo “simbólicas”, pues únicamente colocó unos sellos en los postes de acceso, pero la entrada nunca se impidió, como tampoco se obligó a ningún particular ni a los ayuntamientos a reparar el daño ambiental.
Incluso la extinta Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado trató de cerrarlo ese mismo año, pero a pesar de la promesa del entonces jefe del departamento de Prevención y Gestión de Residuos, Juan Luis Bolaños, de aplicar “todo el peso de la ley” y actuar legalmente contra el propietario y los municipios, el tiradero continuó operando sin problemas.
La actual delegación de la Profepa intervino y aplicó la clausura, aunque hasta el momento no ha brindado mayores detalles. El servicio de recolección de basura en estos municipios continúa operando con normalidad.