A partir de 2014, por la defensa del sitio, nos habíamos reunido muchos y por diversos agravios. El gobernador RMV gobernaba sin sensibilidad, sin respetar derechos, usos y costumbres y más bien con abierto desprecio por la vida y la cultura de los cholultecas. El abuso de poder caracterizó a su gobierno y también la persecución de los que se resistían a sus proyectos faraónicos en favor del automóvil y por sus dispendios groseros de dinero público. La actual presidenta municipal de San Andrés Cholula, María Fabiola Karina Pérez Popoca por ejemplo, se incorporó a esa resistencia patrimonial porque el gobernador de un plumazo tachó de corruptos a los servidores públicos en los pueblos cholultecas (y otros) y les retiró el registro civil como atributo de los ayuntamientos auxiliares. Un grupo de muchachos que promovían el ciclismo y se auto nombraron “Cholula en Bici” se unieron también a la defensa patrimonial cuando RMV declaró millones de dinero público en un innecesario puente vial y Leoncio Paisano no honró proyectos para ampliar vías peatonales y de ciclismo en torno a la zona ceremonial. Otro grupo de muchachos, mayormente egresados universitarios de una universidad privada local, autodenominados “Circulo de Defensa” que habían escogido a las Cholulas para vivir, estuvieron entre los primeros que advirtieron que el proyecto turístico de RMV y de los dos alcaldes municipales implicaba la expulsión de los usos tradicionales en la zona así como la apropiación de las tierras. Las mayordomías de barrios de San Pedro y San Andrés Cholula salieron en la defensa del libre tránsito para los usos religiosos del “cerrito” que consideran tierra sagrada custodiada por la patrona cholulteca, la virgen de los Remedios. Y una organización en defensa de sus tradiciones que se autodenominó “Cholula Viva y Digna” nació y se amplió, reclamando agravios sociales y resistiendo las políticas represivas de RMV y Leoncio Paisano en San Andrés Cholula. No puedo hacer justicia en este corto ensayo periodístico a estos grupos locales que defendieron la zona ceremonial cholulteca entre 2014 y 2016 sino solo dejar constancia que nos reunimos grupos diversos, desde diversos agravios, en la defensa patrimonial de una zona que el INAH abandonó para que un gobernador arrancara allí sus negocios turísticos. La zona ceremonial en torno a la gran pirámide cholulteca, como en tiempos mesoamericanos, siguió siendo así un suelo que en pleno siglo XXI todavía reunía a diversos sectores de las Cholulas en defensa de sus derechos e identidad regional.
Con todo, el negocio constructivo de RMV en la zona protegida, aunque modificado, procedió de manera disparatada, destructiva, tan abiertamente absurda, tan faraónica en su propuesta que los mismos investigadores del INAH nos confiaron copia del proyecto que había enviado el gobernador al INAH–Conaculta para su aprobación. Cuando los contratistas del gobernador arrancaron con el puente vial rellenando la antigua ciénaga en la base de la pirámide, o colocaron casi 80 centímetros de cemento colado para el paso del automóvil sobre la gran pirámide, o maquinaria pesada aplanaba y empalmaba predios y construcciones prehispánicas, procedían sin embargo, con permisos ya entregado por el INAH.
Fue cuando algunos decidimos monitorear la destrucción y denunciar unidos la violación a las leyes, así como la complicidad de directivos del INAH, que debían detener la locura de RMV y proteger nuestro patrimonio cultural. Para todos fue evidente que había responsabilidad administrativa de funcionarios del INAH, del Consejo de Arqueología, del encargado de Sitios y Monumentos Históricos, todos aquellos que se prestaron y autorizaron, por ejemplo, para llevar a cabo excavaciones y construcciones sobre la gran pirámide. Algunos muchachos procedieron a solicitar acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Guardo en mi archivo (abierto a varios investigadores) solo parte del copioso expediente de documentos que muestran y exhiben a una institución enmarañada por una burocracia administrativa que recurre a un lenguaje leguleyo, casi esotérico, para justificar acciones arbitrarias e ilegales en detrimento del patrimonio nacional. De documentación oficial obtenida y firmada por el arquitecto Balandrano comprobamos que se calificaban como “adecuaciones” urbanísticas sendas destrucciones arqueológicas del edificio piramidal. El encargado para las excavaciones en la zona protegida en el entorno de la gran pirámide de Cholula resultó ser un joven pasante en arqueología de nombre Arnulfo Allende comisionado (por el arqueólogo encargado de la sección en el INAH Puebla, Eduardo Merlo) para excavar pozos exploratorios profundos en uno de los sitios arqueológicos más importantes de las civilizaciones mesoamericanas de México! A consecuencias procedimos a solicitar información a través de Transparencia (solicitud no. 0002700128017) sobre sus credenciales, autorizaciones y proyecto para realizar esas excavaciones sobre el edificio piramidal y en particular a un costado del ex Juanino. Trasparencia contestó el 15 de junio de 2017 que el Órgano Interno de Control del INAH decidió que el expediente no. 2016/INAH/DE118 que investigaba “presuntas irregularidades” de los servidores públicos denunciados “se encuentra reservado por el periodo de dos años a partir del dos de agosto de 2016”. ¿Eso significaba que por lo menos estaba siendo investigados Arnulfo Allende o Eduardo Merlo y que deberían ser suspendidos mientras se llegaban a un veredicto? Así lo asumimos, ingenuamente además, por información verbal y confidencial de algunos colegas en el INAH y también por declaraciones contradictorias que entregaban a la prensa los directivos del INAH. Mediante Transparencia; sin embargo, obtuvimos el dictamen que Eduardo Merlo entregó el 25–09.14 sobre el “Parque Intermunicipal Cholula” y allí se resumen todas las justificaciones que le llevaron a él y al Consejo de Arqueología a no enfrentar las locuras destructivas de RMV en las Cholulas. El arqueólogo Eduardo Merlo tiene más de treinta años como coordinador de la Sección de Arqueología del INAH Puebla y el INAH Puebla solo ha podido reportar esporádicos y oportunistas salvamentos que poco o nada han contribuido al conocimiento de la milenaria historia mesoamericana de las Cholulas. Lo que notamos en su dictamen, sin embargo, como es también el caso del dictamen de la sección de Monumentos y otros, es que se limita a limpiarse las manos aseverando categóricamente que él también se inscribe entre los que se oponen a la destrucción del patrimonio arqueológico de las Cholulas.
RMV terminó su mandato dejando un legado de destrucción en la arquitectura prehispánica de las Cholulas que es tan escandaloso como innegable. Pero su mayor aportación destructiva no estuvo en aquello que físicamente demolió en el entorno de la gran pirámide cholulteca sino por el cambio en los usos de suelos que impuso en la zona ceremonial. Se ocultó así a los jóvenes y ciudadanos cholultecas que esos son suelos sagrados y patrimoniales mesoamericanos y no lugares para pachangas, actos oficiales, deportes o para estacionar coches o construir servicios para turistas como son sus usos actuales.
Así finalmente llegamos a las elecciones a finales de 2018 en las Cholulas y la mayoría de los votantes dieron la espalda a los aliados locales del gobierno de RMV que tantos agravios causó a la vida de muchas familias cholultecas por defender usos y costumbres y el patrimonio arqueológico. Para entonces en el INAH ya no estaba la directora Teresa Franco ni el delegado del INAH en Puebla Francisco Ortiz Pedraza; como tampoco en la Secretara de Turismo federal Claudia Ruiz Massieu Salinas, que fueron los aliados directos en la locura comercial y destructiva que RMV impuso al sitio arqueológico cholulteca.