Debido a la falta de actualización del Atlas de Riesgo del municipio de Puebla, que reportó el último ajuste en 2012, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) determinó que pudo evitarse la tragedia en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, donde el pasado 10 de julio seis personas perdieron la vida sepultadas, entre ellas tres niños, tras caerles un alud de tierra por las intensas lluvias registradas.
Así lo dio a conocer a través del estudio titulado “¿Planeación urbana sin riesgos? Una moda deficiente en el estado de Puebla. Caso: Riesgos por lluvias en el municipio de Puebla y Santo Tomás Chautla”, que fue dado a conocer a través de sus redes sociales.
En el documento, el observatorio ciudadano argumentó que la zona del cerro “La Conchita” tenía indicadores de deslizamientos de tierra en laderas y, a pesar de ello, el gobierno saliente de Luis Banck Serrato ni el entrante de Claudia Rivera Vivanco las consideraron en el Atlas Riesgo ni en el Programa de Desarrollo Urbano.
Reveló que en el dictamen de la Comisión transitoria de entrega – recepción del gobierno municipal tampoco se identificó alguna observación en la información técnica de la cartografía.
Por lo tanto, señaló que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco es corresponsable de los impactos negativos acumulativos y residuales generados por los riesgos en el municipio.
Lo anterior, determinó, exhibe una limitada planeación de seguimiento y revisión lo que conlleva pérdidas económicas y una lenta resiliencia.
Por otro lado, el Igavim dio a conocer que sólo 10 estados del país contemplan en su ley local la obligación de actualizar el mapa, entre los cuales no se encuentra Puebla. Esto representa tan solo el 31.25 por ciento.
El organismo concluyó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) solo tiene registrados 37 municipios del estado con Atlas de Riesgo, de los cuales el 29.72 por ciento cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano.
En ese sentido, dijo que los Reglamentos de construcción también deben ir de la mano del Atlas, el Programa de Desarrollo Urbano, la normatividad ecológica y los criterios de impacto social.
En la capital hay 64 colonias con probabilidad de inundación
En el caso específico de Chautla, el Instituto dictaminó que se presentaron indicadores de deslizamiento de tierra en laderas y, de igual manera, el Atlas de Riesgo no estableció algún tipo de restricción de riesgos naturales en esta zona.
“No se identificaron publicaciones con resultados y seguimiento preventivos de las alarmas de inundación contra los impactos negativos acumulativos generados por lluvias, a pesar que hay 64 colonias en el municipio de Puebla con probabilidad de riesgo por anegación con nivel alto”, reveló el estudio.
El Igavim advirtió que existe deficiencia en el drenaje pluvial de la capital, lo que repercute en las inundaciones y desbordamientos.
Incluso, refirió que en el histórico de precipitaciones por día el municipio de Puebla alcanza en ocasiones más de 50 milímetros cúbicos de agua.
El observatorio ciudadano admitió que “no existe legalmente una obligación para actualizar el Atlas de Riesgo en los municipios de la entidad poblana, lo que deja deficiente el Programa de Desarrollo Urbano.
Ante lo expuesto, señaló que los términos Atlas de Riesgo y Programa de Desarrollo Urbano “siguen siendo una moda que carece de continuidad y vinculación”.
Al respecto, enfatizó que lo importante es dar continuidad, actualizar y definir los alcances de la cartografía de riesgo y darlos a conocer a la ciudadanía.
Finalmente, realizó siete recomendaciones al ayuntamiento de Puebla, entre ellos, desarrollar una valoración del histórico de lluvias para identificar la temporalidad que generó factores de riesgo en el municipio; realizar un análisis de riesgos en cada colonia y asentamiento irregular; y reubicar aquellos asentamientos que se encuentren en laderas con pendientes mayores y potencialmente inestables.
Además, sugirió que en cuanto al aprovechamiento de recursos geológicos, se debe de regular la extracción de aquellos bancos de material que no cuenten con medidas de seguridad o representen peligro inminente a poblaciones u obras civiles; y establecer una periodicidad por parte de los legisladores para la actualización del Atlas de Riesgo y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable en los 217 municipios.
Por último, pidió actualizar estos instrumentos de planeación en las demarcaciones que cuenten con ellos, y limitar las lotificaciones, venta de predios y construcciones en zonas de riesgo, aun cuando no esté actualizada la cartografía.