A cuatro años de la represión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, falleció José Martín Romero Montes, producto de un infarto, quien recibió el impacto de un proyectil en la mejilla izquierda, que lo dejó si habla por más de siete meses, luego del ataque perpetrado por la Policía Estatal el 9 de julio de 2014.
Para sus familiares y lugareños, la muerte del septuagenario se debió a los estragos emocionales psicológicos que le dejó el enfrentamiento que vivió hace casi un lustro en la comunidad, por las reformas a la Ley Orgánica Municipal que despojó a las juntas auxiliares de sus facultades.
José Martín, de 70 años de edad, fue una de las más de 100 personas lesionadas por la Policía Estatal durante el desalojo de manifestantes de la autopista Puebla–Atlixco, donde también fuera herido de muerte José Luis Tehuatlie Tamayo, de apenas 13 años.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 en contra del gobierno del estado, durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, a quien exigió dar cumplimiento y reparar el daño ocasionado a 14 agraviados, entre los cuales se encuentran la madre de José Luis, Elia Tamayo y Martín Romero.
El día de la represión, Martín cortaba hierba en unos terrenos cerca a la autopista Puebla–Atlixco cuando –relató– vio que la gente se agrupaba para bloquear la vialidad en demanda del regreso del servicio del registro civil.
Dijo que vio cómo llegó la Policía y comenzó a apostarse en las inmediaciones de la carretera, y a su mente le vinieron sus nietos de 13 y 14 años que estudiaban en la secundaria técnica a unos pasos de donde horas después se daría el enfrentamiento.
Ante el temor de que les pasara algo, Martín comentó que decidió ir a buscarlos para que no se quedaran a ver la manifestación y regresaran de inmediato a sus viviendas.
Señaló que a la carretera llegó caminando, mientras observaba a decenas de menores que habían salido antes por el conflicto que se avecinaba.
Fue entonces, comentó en esa ocasión a La Jornada de Oriente, que vio a cientos de policías que apuntaban a los pobladores, sin entender la situación.
Cuando uno de los uniformados le apuntó de manera directa, refirió que “arrió” a los niños, pero las balas le dieron a uno de ellos, José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, quien perdió la vida.
A su vez, recordó que sintió un calor en la mejilla que le produjo el impacto de una bala de goma que lle perforó la piel, le fragmentó el hueso del paladar, los dientes y la lengua.
“Fue una bala de goma y me la sacó una señora que me ayudó cuando me vio envuelto en sangre”, sostuvo, a pesar que el entonces gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas negó rotundamente que hayan utilizado estas herramientas para dispersar la protesta social.
Contó que en pocos minutos fue trasladado en una camioneta particular a un hospital de Atlixco por el propio presidente auxiliar Javier Montes Bautista.
Los siguientes días al 9 de julio, José Martín Romero y su familia tuvieron que gastar más de 300 mil pesos en cuatro operaciones para que le reconstruyeran la cavidad oral con la colocación de placas y seis tornillos de acero.
Esto debido a que el gobierno del estado se negó a otorgar el servicio médico y a pagar los gastos generados en una clínica particular, en una primera instancia.
Durante el tiempo de la intervención, Martín perdió el habla por más de siete meses y después tuvo que llevar terapia de lenguaje y psicológica para salir de la crisis emocional que le causó este abuso de autoridad.
A pesar de que el gobierno estatal lo buscó tres meses después para informarle del fideicomiso y de la reparación del daño, Martín se rehusó a recibir el recurso hasta que fue obligado a ello bajo amenazas.
La CNDH ordenó al gobierno de Moreno Valle la creación de un fideicomiso para la reparación del daño. En total fueron 4 millones de pesos para 14 personas.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio un carpetazo al caso, Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatli, interpuso una queja ante la Comisión Interamericana para que impidan que el asesinato de su hijo quede impune.