Organizaciones sociales y políticas denunciaron que el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) apagó las cámaras de videovigilancia del zócalo de Puebla, las madrugadas del 18 de noviembre y 8 de febrero, cuando un grupo de halcones del gobierno desalojó brutalmente el campamento de activistas del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) y de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), respectivamente.
Por esta razón, demandaron la destitución del titular del organismo, pues viola el reglamento que regula el uso de la tecnología para la Seguridad Pública de Puebla.
Durante una rueda de prensa, informaron que esto fue confirmado cuando fueron solicitadas las videograbaciones con la finalidad de remitirlos al Ministerio Público para poder iniciar de inmediato las denuncias penales.
“En la ciudad de Puebla se han invertido más de 55 millones en la instalación de por lo menos 900 cámaras de videovigilancia; sin embargo, no tenemos claro que estén beneficiando a la ciudadanía, y en particular a las víctimas del delito”, criticó Hilario Gallegos.
En el acto estuvieron presentes los dirigentes Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila, del MAS; Jorge Méndez, del Movimiento Nacional por la Esperanza, y Alfredo Lozano, del MAIZ.
Mazatle Rojas declaró que el incremento de la represión sistemática en Puebla no solo se vive en las juntas auxiliares que han exigido el derecho a su identidad, sino también en el centro de esta ciudad capital, donde se golpea al movimiento social con los desalojos violentos de los campamentos del MAS y de los estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla.
Sin embargo, ante las versiones de que el gobierno estatal daría órdenes de apagar las cámaras que monitoreo el CERI, las organizaciones advirtieron que iniciará el procedimiento legal para solicitar las videograbaciones de los comercios que cercan al zócalo de Puebla. Esto con la finalidad de obtener las imágenes que prueban la represión violenta a los movimientos sociales a fin de iniciar las denuncias penales contra quienes resulten responsables.
Para ello, el MAS hace del conocimiento que cuenta con la asesoría del Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).