Central Campesina Cardenista en Puebla interpone amparo contra “privatización” de cuencas hídricas

FOTO: esimagen / Ángel Flores

Integrantes de la Central Campesina Cardenista en el estado de Puebla (CCC) interpusieron un amparo contra los decretos de reservas de agua que abren la puerta a la privatización y explotación del líquido por parte de transnacionales.

Los labriegos poblanos advirtieron que buscan la protección de la autoridad federal debido a que el Decreto da prioridad a quien primero solicite la concesión del agua y no a los ejidos y comunidades, que son los que tienen uso preferente según la Constitución Mexicana.

A una semana de la publicación de los 10 Decretos en el Diario Oficial de la Federación, suman un total de 35 amparos los interpuestos por campesinos de todo el país.


Entre los estados afectados con los decretos están Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí y Colima.

Ante lo expuesto, la CCC anunció este jueves 28 de junio realizará una protesta frente a las oficinas centrales y la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) porque lo decretos violan diversos artículos de la Carta Magna.

En la manifestación –adelantó- participaran otras organizaciones sociales así como asociaciones civiles opositoras a la medida.

Por su parte, el abogado Luis Miguel Cano informó que la base de los amparos es cuestionar que los decretos establecen que al levantarse las “vedas”, el agua que se pone a disposición de las concesiones será “para quien primero lo solicite sin tomar en cuenta la prioridad de ejidos y comunidades, como ordena la Constitución”.

Por lo tanto, explicó que se busca evitar que no procedan porque aún no se ha asignado el agua, y hay comunidades que pueden gozar del líquido.

“Si hay disponibilidad de agua es para quien más lo necesita, no para quien estaba informado de los decretos y se adelantará en hacer el trámite”, aseveró.

Cano refirió que la Ley  dice que el agua es de todos; sin embargo, en los hechos se cede su explotación a algunos.

“El Artículo Cuarto establece que el derecho humano a ese recurso debe ser equitativo y sustentable, pero ¿Cómo lo será si se concesionará al primero que lo solicite?”, cuestionó.

Añadió que para ejidos y comunidades existe un uso preferente, pues el Artículo 27 señala que tienen protección especial en sus aguas, pero los 10 decretos rompen la lógica constitucional.

Al respecto, el líder nacional de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, informó que los 10 decretos publicados el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, que suspenden “vedas” en alrededor de 300 cuencas hídricas para establecer reservas de agua, “abren la posibilidad de iniciar un procedimiento de privatización del recurso que fue dotado a ejidos y comunidades mediante decretos presidenciales”.

Asimismo, agregó que se busca defender el derecho humano al agua, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución desde 2012, la cual es la base de su estrategia jurídica, así como proteger los derechos de los ejidos con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con este decreto, además abre la puerta al fracking –extracción de gas mediante la fracturación hidráulica– y también representa una “ventana” para concesionar el líquido a trasnacionales con el aval para el uso público urbano, con el cual se otorgó a la cervecera Constellation Brands en ese municipio.

La CC informó que se ha puesto a disposición general un formato de demanda de amparo que se puede completar en línea, en: tinyuri.com/amparoagua.