La defensa de los campesinos nahuas de La Resurrección frente al despojo que pretenden inferirles empresarios inmobiliarios, llegó ayer a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, a través de un punto de acuerdo propuesto por el diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Carvajal Hidalgo, para crear una comisión que investigue el caso.
El planteamiento fue sometido a votación del pleno con carácter de urgente y el organismo indagador tendría también el propósito de lograr la reversión “de la Declaratoria de Sujeción al Régimen del Dominio Público de la Federación de 170 hectáreas de la junta auxiliar La Resurrección que, mediante maniobras fraudulentas facilitadas por las autoridades judiciales en Puebla, se pretende sean quitadas a sus legítimos dueños, sin siquiera respetar su derecho de audiencia para ser otorgadas a un particular que las ofertó para la construcción de viviendas para trabajadores de la SEP”.
Se insta también a “conservar y proteger el patrimonio de los pobladores nahuas que habitan esa junta auxiliar del municipio de Puebla y que desde hace más de 80 años las ocupan para la siembra de maíz, una actividad que va más allá del mero sustento económico, pues constituye también un elemento histórico y simbólico que los pueblos originarios sostienen pese a la enorme presión del crecimiento urbano”.
Carvajal Hidalgo apunta que el despojo de esas tierras al pueblo originario en cuestión, producirá directamente la desaparición y la disgregación de la cultura nahua en dicha región, violentando gravemente los preceptos constitucionales e internacionales sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, por lo que es imperativo que el Congreso haga lo conducente para salvaguardar la existencia de esta comunidad que se ve amenazada por la política de usurpación de territorios que el gobierno poblano ha aplicado durante los últimos años.
Relatoría
El legislador poblano, también integrante de El Barzón, acusa que “actualmente en el estado de Puebla, existe una política de despojo de las tierras y territorios de los pueblos originarios, so pretexto de desarrollo y que han vulnerado las disposiciones Constitucionales y Convencionales que protegen y salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas, por lo que es menester pugnar por la defensa de la vida, agua, territorio y patrimonio biocultural de nuestros pueblos originarios. En los últimos años se ha vivido un etnocidio en toda la República Mexicana, el despojo de tierra y territorio de los pueblos originarios, desemboca en desplazamientos forzados que producen pérdida de tradiciones, costumbres, aspectos simbólicos, culturales, ejercicios de organización comunitaria y demás aspectos que integran la cosmovisión de los pueblos indígenas sometidos y ultrajados”.
Añade que “dentro del municipio de Puebla, se encuentra asentado un Pueblo con raíces indígenas (nahua) con el carácter de junta auxiliar denominado La Resurrección, mismo al que mediante maniobras fraudulentas se les pretende despojar de 170 hectáreas (involucradas en la sujeción de dominio), dichas tierras desde hace más de 80 años, son ocupadas para la siembra de maíz, elemento histórico y simbólico de los nahuas, que entre otras cosas, sirve para el desarrollo y sustentabilidad de sus comunidades, por lo que al despojar esas tierras al pueblo originario en cuestión, producirá directamente la desaparición y disgregación de la cultura nahua en dicha región, violentando gravemente los preceptos constitucionales e internacionales, siendo imperativo que este órgano soberano, dentro del ámbito de sus competencias, haga lo conducente para salvaguardar la existencia de esta comunidad.
“De la mano de las autoridades judiciales en Puebla, de una manera por demás obscura e ilegal, violentando las garantías consagradas en nuestra Constitución, se promovió un juicio de otorgamiento de escritura pública de 170 hectáreas, sin otorgar el derecho de audiencia a los legales y originales propietarios de dichos predios, mediante un juicio atípico, ya que de su análisis se desprende entre otras irregularidades, que no se acreditó por medio de la prueba pericial en topografía y agrimensura la identidad e identificación del bien inmueble objeto de la compraventa, asimismo no se acreditó la personalidad jurídica en su carácter en sucesores de las personas que fueron llamadas a juicio como demandados.
“Como resultado se otorgó ante Notario Público, la escritura pública respecto del multicitado terreno de 170 hectáreas a favor de un tercero que no es propietario del mismo, instrumento notarial que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, con el folio real electrónico 0487238. En el predio en mención se pretenden construir viviendas, bajo pretexto del traslado de la Secretaría de Educación Pública a la entidad poblana.
“El 16 de agosto de 2018 una de las afectadas promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la SHCP y demás autoridades, el cual ya fue admitido a trámite, lo anterior a razón de impedir la sujeción de dominio que pretendía hacer la SHCP, el amparo fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla y radicado bajo el número de amparo indirecto 1695/2018.
“El t3 de septiembre de 2018 al realizar la consulta registral al folio electrónico se encontró que el pasado 22 de agosto de 2018 se ingresó ante la autoridad registral en Puebla, con la boleta número 201858299, el oficio número 235 del expediente 18/0824, por el cual se realizó la solicitud de sujeción al régimen del dominio público de la Federación, quedando inscrito dicho trámite operado por la SHCP y como beneficiario la Secretaría de Educación Pública, el 30 de agosto del presente año, siendo copias agregadas en el libro 5, tomo 1032, año 2018, fojas 30, foja inicial 468, foja final 497”.