Por: Miguel Anguel Mijangos Leal*
Hace 8 años en la comunidad de Carrizalillo, estado de Guerrero, la empresa Goldcorp logró un convenio de arrendamiento, después de que la población paró sus operaciones durante 88 días, una vez que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) resolvió a favor de la comunidad la compra fraudulenta de tierras comunales.
Así, por medio del fraude fue como empezó a operar el progreso y desarrollo tan cacareado por las empresas mineras y el gobierno Mexicano.
En solamente 8 años del ingreso de Carrizalillo al progreso minero, su población vive un verdadero infierno, a tal grado que hace apenas una semana prácticamente la mitad de las familias han tenido que salir de su pueblo desplazadas por la violencia, los asesinatos y la extorsión del crimen organizado, el cual vinculado a las operaciones mineras, han estado propiciando la división comunitaria y el abandono de la resistencia, para que la empresa tome todo a cambio de nada.
La violencia es tal, que ni los muertos recientes han logrado ser sepultados en su pueblo, porque la empresa no quiere proporcionar un poco de seguridad para llevar a bien velorios y sepelios de sus propios trabajadores que fueron torturados y asesinados después de salir de sus instalaciones. También es imposible pedirle seguridad al gobierno porque cuando llegan, lo hace con ostentosos operativos pero reprimiendo a la población y sin tocar a los de la maña, como se les conoce localmente.
La violencia es una de varias consecuencias de la minería, de las cuales destacan también el recurrente incumplimiento de distintas de las clausulas del convenio por parte de la empresa. Le siguen los terribles y dramáticos daños a la salud y al ambiente ocasionados por la operación minera, en donde los muestreos realizados revelan que hasta un 70% de la población presenta daños, por ejemplo en ojos. Por supuesto que cada vez es mayor el número de bebes que nacen con deformaciones, incontable número de abortos, creciente relación de partos prematuros, diversos daños en la piel de toda la población, sin importar sexo y edad, daños respiratorios, incremento de fallecimientos por cáncer, deterioro en pelo, oídos, huesos, músculos o cualesquier órgano del cuerpo. Todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera, y en algunos casos, la familia entera está enferma, y varias han tenido que sufrir defunciones de parientes, lo que refrenda de manera apabullante los efectos del progreso y desarrollo minero. Por su parte, las autoridades encargadas del ambiente premian y certifican a la empresa como industria limpia o le entregan pomposos premios por su buen oficio en la responsabilidad social corporativa.
Carrizalillo es una comunidad totalmente secuestrada por el progreso y el desarrollo minero. No hay presente ni futuro, pero tampoco ya tienen pasado, pues sus tierras han sido destruidas totalmente, porque la Goldcorp ocupa más del 85% del territorio del ejido y lo poco que todavía no ha sido destruido está contaminado por metales pesados tóxicos, cianuro de sodio y drenaje ácido que corre presuroso a las aguas del rio Balsas-Mezcala que alimenta con sus aguas a un sinnúmero de comunidades aguas abajo, que por supuesto ya sufren los daños también.
En otras realidades, es decir, en comunidades en donde todavía no hay proyecto pero ya las empresas se frotan las manos para ingresar, como el caso de Zacualpan, en Colima, es impensable como aun sin que opere el proyecto ya hay una severa crisis social que ha dividido a las familias, a tal grado que incluso el propio gobierno estatal vislumbra que habrá inseguridad para realizar las próximas elecciones de gobernantes en dicha comunidad.
Esta es la realidad que sufren cientos de pueblos y comunidades que han vivido el engaño, la coacción, la prebenda y las falsas promesas de progreso y desarrollo de las empresas extractivas; quienes por si fuera poco su poder, trabajan coludidas con todos los niveles del sistema de gobierno e impulsan sus proyectos apoyados en la impunidad, la corrupción y el falso nacionalismo del interés y la utilidad pública.
El despojo es el presente y el destino del modelo extractivo, y por ello nos resistimos a lo que ya muchos pueblos sufren y viven.
Por ello es que ahora cientos de pueblos, grupos, redes, organizaciones no gubernamentales, activistas, académicos y sociedad en general actuamos en la implementación de estrategias jurídicas, mediáticas y políticas, todas ellas, vinculadas al derecho de ejercer de manera plena y libre el usufructo de nuestro bienes naturales, de nuestra tierra y de nuestro territorio. Así lo determinamos y queremos, libres de minería y garantizando que nunca se destruyan y contaminen, para que siga prevaleciendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
Los pueblos apostamos por el ejercicio de nuestros derechos y los estamos defendiendo con diversas herramientas jurídicas y organizativas, y con el apoyo de medios coherentes y consientes, para dejar en claro que estamos haciendo el uso de nuestra libre determinación y autonomía, refrendando en la práctica y sin mecanismos de gobierno a modo, el pleno ejercicio de nuestro procesos de consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, que hacemos manifiesto en nuestras actas de asambleas indígenas, ciudadanas, municipales, agrarias y de estatutos comunitarios, además de hacer uso de otros medios jurídicos como el amparo, con lo que demostramos nuestra organización tiene una abierta tendencia pacífica basada en el derecho nacional e internacional.
Declaramos nuestros territorios libres de minería y seguiremos peleando para la cancelación definitiva de las concesiones que amenazas nuestro territorio y nuestra vida.
* Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)