El secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, aseveró que el asesinato de Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna no fue un crimen de Estado, y que antes de que concluya el año la Fiscalía General de Puebla (FGE) esclarecerá el caso.
Así lo declaró la noche de este lunes durante una entrevista concedida al periodista Fermín García, en el programa “Aquí vamos” para redes sociales de esta casa editorial, donde habló de diversos temas sociales y políticos, entre ellos del homicidio de Meztli y los presos de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”.
A dos meses del asesinato de la hija mayor del fundador de la UPVA, el funcionario estatal aseveró que existen avances importantes en las indagatorias a cargo de la Fiscalía, sin embargo, justificó que no se pueden hacer públicas para no obstaculizar las investigaciones.
“Han pasado dos meses y tengo constancia probada del trabajo de la Fiscalía, no podemos contar muchas cosas por el mismo proceso de las indagatorias, pero hemos avanzado. Se tiene mucha información, videos de entrada y salida de quiénes cometieron el crimen, y se trabaja en la etapa final para dar información contundente”, sostuvo.
Sobre el hecho que calificó como “terrible” y “lamentable”, Diódoro Carrasco explicó que desde el primer momento se puso en comunicación con la familia y especialmente con el dirigente Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, padre de la víctima.
“Tuvimos una larga conversación en más de una ocasión, quedó claro que podemos avanzar diferenciando que no se trata de un crimen de Estado, y que nos permitiera que la Fiscalía hiciera su tarea, donde se resaltara la declaración de los testigos”, refirió.
En ese sentido, aseveró que de ninguna manera va a permitir que este tema quede impune y tampoco dará largas al asunto.
El atraso de los resultados, dijo, “tiene que ver con los tiempos que requiere la Fiscalía para la investigación, por lo que estamos seguros que en este mismo año quedará esclarecido el homicidio”.
Los dirigentes de la UPVA están en la cárcel por asuntos legales no de represión
Por otro lado, el político de una amplia trayectoria y ex gobernador de Oaxaca recalcó que el encarcelamiento de los cinco dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes es un asunto de legalidad y no de represión hacía movimientos sociales.
El titular de la Secretaría General de Gobierno en Puebla informó que mantiene abierto el diálogo con la organización de comerciantes, donde el tema central es la liberación de los hermanos de Meztli, Atl Rubén y Xihuel Sarabia Reyna, y la exoneración completa de Simitrio.
En la entrevista, Carrasco Altamirano explicó que el tema de la UPVA lo tomó en el último año del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, y a partir de entonces dijo que se viene construyendo una historia por los presuntos delitos en que incurrieron los integrantes de la agrupación.
“Hay tiempos en materia legal y lo platicamos con ellos; estamos revisando con rigor como contribuir sin violentar los procedimientos para que con base a las nuevas leyes salgan lo más rápido de prisión, cumpliendo los protocolos”, destacó.
En ese sentido, comentó que hay un juicio de por medio y se están aportando las pruebas. Lo único que se espera es la conclusión del proceso.
Sobre el tema de la existencia de los presos políticos en Puebla, el funcionario insistió que no los hay porque no están en prisión por motivos de represión, a pesar que el Comité para la Libertad de los Presos Políticos en Puebla ha documentado 366 casos en la entidad.
“Cuando llegué al gobierno de Puebla, la Comisión de Derechos Humanos nos envió una solicitud de información, no una recomendación, de una lista de 230 personas”, explicó.
En respuesta, Diódoro Carrasco informó que entonces revisó la lista por etapas y por años, y concluyeron cuatro puntos a Derechos Humanos en respuesta a la solicitud.
“En primer lugar habían personas que nunca aparecieron en los anales jurídicos del estado de Puebla, no tuvieron un proceso legal; en segundo había un grupo que por distintos motivos estuvieron en periodos cortos en prisión y ya habían salido; en tercero habían casos de personas que cumplieron sus penas con pre liberaciones por buenas conducta; y cuarto se identificó a un grupo justamente donde están los hijos de Simitrio y nada más”, reveló.
Al respecto, el funcionario estatal precisó que el gobierno de Puebla tiene conocimiento pleno que está Simitrio y sus hijos están en prisión a partir de un juicio y una condena, “no ingresaron como presos de conciencia, sino por comercio de estupefaciente y estamos revisando el proceso”.
Incluso, admitió que se cruzó información con la Secretaría de Gobernación federal para homologar criterios sobre el caso de la “28 de Octubre”.
Castillo Montemayor fue liberado porque solventó pruebas sobre el presunto de desvío de recursos
En cuanto al encarcelamiento del ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, manifestó que fue liberado luego de no encontrarle ningún delito por el presunto desvío de recursos públicos.
Con ello, recalcó, se deja en claro que no fue encerrado por críticas al proyecto de remodelación de Parque Flor del Bosque en la administración morenovallista.
“Me da gusto que haya salido por un amparo que promovió. Se siguió puntualmente el procedimiento legal, no hubo encono del mandato extrajudicial y tan no lo hay que no se mantiene en la cárcel y está en su casa”, argumentó.
Carrasco Altamirano señaló que no es el mismo caso de Simitrio, pese a que se encuentra en prisión sin haber cometido un delito.
“Es un asunto que ya recibimos en proceso del gobierno anterior, te puedo decir que desde que llegamos hay un interés que puedan cumplir sus penas lo más rápido posible. La primera reunión a mi llegada a Puebla fue con el abogado e hijo de Simitrio, Tonatiuh, Rita su esposa y su equipo de abogados”, expuso.
Gali contribuyó a bajar el nivel de la tensión con la UPVA, al dar prisión domiciliaria a Simitrio
A lo largo de año y medio, sostuvo que el gobierno de Antonio Gali Fayad ha contribuido a atender una serie de deficiencias en el proceso, inclusive destacó que se le permitió salir varios meses de prisión para que fuera atendido un hospital, por los males que padece.
El titular de la SGG en Puebla aseveró que se dio respuesta unilateral del gobierno del estado de mandar al dirigente social a su casa, mientras concluye el proceso legal.
“Es decisión y voluntad política que nadie nos presionó para hacerla, esta situación favorece y contribuye a bajar el nivel de tensión, ha sido útil para esta etapa y esperamos que su proceso tengan un feliz término”, enfatizó.
Al último, el funcionario evitó dar una postura en el sentido si fue un error del gobierno de Rafael Moreno Valle no dialogar con los movimientos sociales, activistas y periodistas críticos que no comulgaban con sus ideas.
“No puedo juzgar su gobierno más que la etapa que a mí me tocó, en 2016 y el año que llevo con Gali. Parte de mí tarea fue establecer vínculos y contacto con quien se pudiera dialogar, hubo comunicación para distender el ambiente político, dimos cause a muchos conflictos para disolver problemas que podían tener otra magnitud”, concluyó.
En el inicio de la plática, Diódoro Carrasco Altamirano informó que su presencia en el gobierno de Puebla se debe a una invitación directa del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Comentó que primero fue para dar asesoría a su administración, “y luego por las propias circunstancias de la política se presentó la necesidad de participar desde la Secretaría General de Gobierno, en el cierre del sexenio”.
En la etapa de transición, informó que el actual mandatario Antonio Gali Fayad lo invitó a continuar al frente de esta Secretaría que tiene en sus manos la gobernabilidad del estado.