Campesinos cierran Vía Corta a Tlaxcala por incumplimiento del gobierno federal en pago de tierras y ejecución de obras

Este lunes, campesinos de los municipios de Santa Rita Tlahuapan y Xochitlán de Todos Santos protestaron, por separado, por el recorte de recursos del gobierno federal que incumple con el pago de tierras y la realización de obras.

Por un lado, labriegos de Tlahuapan protestaron frente a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (STC), en la carretera Vía Corta a Tlaxcala, para exigir el pago de sus terrenos.

Los inconformes acusaron al delegado de la SCT en Puebla, Javier Aquino Limón, de retener el recurso.


Por esta razón, decidieron cerraron los carriles de la Vía Corta Puebla-Santa Ana Chiautempan, para reclamar el pago de sus tierras que fueron utilizados para la construcción del Arco Poniente.

Los pobladores reclamaron a la autoridad federal que aún no les han liquidado sus predios que se ubican en las inmediaciones de la autopista México-Puebla.

Además solicitaron la ampliación de los dos puentes que cruzan esta vialidad, para el tránsito local de sus vehículos, los cuales debido a la estrechez no pueden circular en la zona.

Debido a ello, informaron que una comisión de campesinos se trasladó a la sede nacional de la STC, en la ciudad de México, donde les dijeron que el dinero fue entregado a la delegación en Puebla.

En otro punto de la capital, campesinos del municipio de Xochitlán Todos Santos se manifestaron en contra de la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para exigir el cumplimiento del proyecto de retención “Olla de agua”.

Tras el arribo del nuevo delegado, Germán Barnard Alcaraz, los quejosos señalaron que la Sagarpa toma represalias contra labriegos de Xochiltán por denunciar la cancelación de la obra.

Los integrantes del Comité Pro Proyecto “Olla de Agua” se trasladaron a la capital poblana, donde se quejaron de la corrupción y la arbitrariedad de la Sagarpa, quien –aseguraron- les canceló una obra ya aprobada, convenida y presupuestada.

Dijeron que para el gobierno federal y los partidos políticos su prioridad es la lucha por el poder.

“Para los campesinos empobrecidos por este sistema, la prioridad es la lucha por el agua y por la vida”, reclamaron.