 y el resto de sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia deben hacer un cambio urgente ante el históricamente principal violador de los derechos humanos de los gobernados, los gobiernos municipales){kind=link}
Durante lo que va del presente año, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ha emitido ocho recomendaciones contra autoridades, de las cuales el 87.5 por ciento han sido contra presidentes municipales.
Es pertinente aclarar que 9 de cada 10 recursos emergidos del organismo custodio de las garantías universales en la entidad, corresponden a transgresiones cometidas por ayuntamientos que ya no están en funciones, pero que exhiben el grado mínimo, por no decir inexistente, de respeto a las personas.
En efecto, el nivel más cercano de gobierno ha sido históricamente el principal violador de los derechos humanos de los gobernados, lo cual resulta no solo paradójico sino ominoso, porque las autoridades e instituciones que constitucionalmente están obligados a proteger a los ciudadanos y hacer valer el Estado de Derecho, son los primeros y principales responsables de agredirlos.
El gobierno se ha convertido así -independientemente del signo político del que haya emergido, la localidad en la que se ubique, o el nivel de administración pública que ostente- en el principal enemigo del pueblo.
Es por eso que ahora, cuando el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el resto de sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia, más los que se le han sumado de facto –como es el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- deben cambiar radicalmente esta situación, en principio abocándose a responder puntualmente las recomendaciones y en segundo lugar a no violar ni por equivocación los derechos de los ciudadanos.