Barbosa Huerta se despide del Senado con iniciativa que regula sueldos de funcionarios

Luis Miguel Barbosa Huerta dejó el Senado para dedicarse de lleno a la candidatura por el gobierno de Puebla, tras presentar dos iniciativas de ley que tienen por objeto impedir el uso de la propaganda gubernamental con fines político-electorales y regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos, para meter freno a los abusos que se comenten hoy en día en ambas materias.

Desde la máxima tribuna del país, alertó al Congreso de la Unión que cuenta con menos de tres meses para emitir un ordenamiento en materia de promoción oficial, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La Corte ya resolvió que si al 30 de abril de este año no hay una ley en esta materia habrá una omisión que, por cierto, tendrá características muy especiales porque la consecuencia natural sería la destitución del cargo, ¿de quién?, me pregunto de quién, ¿de quienes dirigen el Congreso o de los integrantes de las Cámaras del Congreso?”, cuestionó.


Barbosa presentó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley General de Propaganda Oficial, con el fin que el Poder Legislativo federal salga de la omisión “gravísima” en la que ha incurrido por no expedir ambos ordenamientos.

“La iniciativa de Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos debió haber sido aprobada dentro de los 180 días a la Reforma Constitucional al artículo 127 de nuestra Carta Magna que fue publicada en febrero de 2009. Tiene más de ocho años que el Congreso y sus Cámaras incurrieron en esta omisión. La segunda, la iniciativa de Ley General de Propaganda Oficial, también es un caso de omisión legislativa, esta omisión corresponde al segundo periodo del segundo año legislativo de la primera legislatura de este Senado”, puntualizó.

 

Al fundamentar la iniciativa en materia de remuneraciones, Barbosa señaló que el país necesita una política de sueldos, para que la hacienda pública no se convierta en fuente de riqueza a causa de excesivos y onerosos salarios de sus servidores públicos.

“Ello (…) erosiona la legitimidad de los gobernantes y constituye una afrenta social para un país agraviado por una profunda desigualdad entre los diversos segmentos de su población”, afirmó.

Precisó que la Ley Federal de Remuneraciones se enfoca en los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

“Nuestro proyecto considera, además, que los altos servidores públicos de la Federación no requieren percepciones extraordinarias, pues no puede concebirse la función pública como una condición especial que contribuya a la conformación de élites burocráticas en los cargos de mayor responsabilidad y dedicación”, agregó.

Propone el delito de remuneración ilícita

En esta iniciativa, precisó Miguel Barbosa, se incluye una adición al Código Penal Federal a efecto de establecer el delito de remuneración ilícita de servidores públicos, sancionando tanto a quien aprueba como al que recibe un pago indebido, con pena de prisión de entre tres meses y 12 años, e incluso destitución e inhabilitación de entre seis meses y catorce años.

Esta ley no se aprobó antes, dijo, “sin duda porque no hubo una visión de que esto fuera algo importante, es muy importante para que la política pueda volver a reivindicar su labor frente a la sociedad, para que el poder público sea útil frente a la sociedad, para que se cambie la mala percepción de la política y los políticos tiene que hacer una regulación de sus percepciones”.

En relación a Ley General de Propaganda Oficial, Miguel Barbosa indicó que busca normar la difusión de propaganda que realizan los entes públicos, con el fin de garantizar su carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; así como evitar su uso para la promoción personalizada de servidores públicos.

En ese sentido, dijo, “es un asunto que está sin una definición y sin ninguna orientación, por eso éste es uno de los temas obligados que ustedes tienen que resolver. Dejo mi propuesta para ser evaluada, para ser analizada y si es útil que les sirva para este cumplimiento de esta labor legislativa”.

Coloca techo al gasto en propaganda oficial

El senador poblano planteó que el gasto total en propaganda oficial no puede exceder del 0.15 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) o de las entidades federativas, para el ejercicio fiscal correspondiente.

“Se prohíben las ampliaciones presupuestales o traspaso de recursos al gasto correspondiente a propaganda oficial, salvo en los casos excepcionales de información relacionada con la prevención de riesgos, protección civil u otras emergencias o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías individuales, conforme al artículo 29 constitucional”, puntualizó.

Asimismo, propuso que la distribución de tiempos oficiales se distribuya de la siguiente manera: 30 por ciento para el Poder Ejecutivo Federal; 15 por ciento para el Poder Legislativo Federal; 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación; 10 por ciento para los órganos públicos autónomos federales; 30 por ciento para las entidades federativas, y 5 por ciento para los órganos públicos autónomos de las entidades federativas.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se remitió a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda; mientras que la propuesta de Ley General de Propaganda Oficial se turnó a las comisiones unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos Primera.