Ayotzinapan, donde reposan las tortugas

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Por: Consejo Tiyat Tlali

La noche del 26 de septiembre del 2014 en la Normal Raúl Isidro Burgos, localizada en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, se vivió un episodio más de criminalización a los estudiantes normalistas, tejiendo una estela nacional e internacional de indignación, coraje y exigencia de justicia ante lo ocurrido.


El primer momento de criminalización y represión a los normalistas fue cuando los jóvenes iban a bordo de un autobús luego de que durante el día se dedicaran a recolectar fondos para el sostenimiento de sus estudios y cuerpos policíacos sin mediar dialogo abrieran fuego. El segundo por parte de policías municipales en Iguala, que causó la muerte de seis personas y el tercero cuando un grupo de hombres armados volvieron a media noche a consumar la masacre.

El número de heridos y muertos sumaban más de una docena; la noticia de incredulidad de que más de 43 normalistas fueron forzadamente desaparecieron dio vuelta al país; las preguntas de dónde estaban los chicos no se hicieron esperar y las respuestas por parte de las autoridades estatales y locales era un silencio discriminatorio, plagado de opacidad y violando los derechos de las familias a la verdad, que según para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene como elemento esencial la ética para esclarecer las razones que hay en las violaciones y agresiones del Estado y dar a conocer los actores que están implicados, además de dar a las familias la información oportuna de donde se encuentran sus familiares.

Otro hecho que pone en relieve la criminalización hacia los jóvenes es el ataque al camión de los Abejorros de la Universidad de Chilpancingo donde pierden la vida David Josué, jugador de futbol, y dos personas más, por el solo hecho de estar a la “hora equivocada en el lugar equivocado”.

Desde el principio El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documenta que el caso no es llevado con el debido proceso pues el desdén y la falta de voluntad política de la procuraduría del Estado de Guerrero lacera la fe de madres y padres que esperan a sus hijos de regreso con vida.

Otra voz que ha apremiado al Estado mexicano para que trabaje por la justicia es Amnistía Internacional, quien mencionó que tanto la desaparición forzada de los 43 normalistas y los asesinatos de integrantes de los Abejorros pueden quedar en la larga historia de impunidad del país y en el olvido social violando así el derecho a la memoria para recordar los planes de vida, los sueños, anhelos de quienes asesinaron y que la memoria colectiva es el garante de que estos hechos no queden impunes y no sea más un evento coyuntural.

Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes”, demanda garantizar a quienes defienden y exigen sus derechos a la educación y la libre expresión.

La noticia de los hallazgos de fosas clandestinas en los parajes de Pueblo Viejo y en Loma del Coyote en Iguala Guerrero, hace que crezca la incertidumbre de la opinión pública y familiares.

Lo terrorífico es la colusión de las autoridades con el crimen organizado, pues por omisión y complacencia permiten que un responsable “pidan permiso” y hoy esté prófugo; que por las redes sociales se publiquen fotos del mismo presidente municipal de Iguala con Enrique Peña Nieto apenas semanas antes; lo que evidencia el porqué la clase política toda goce del más cabal desprecio ciudadano, como lo muestra la agresión a Cuauhtémoc Cárdenas en la manifestación de repudio del 8 de octubre en el Distrito Federal, pues su partido, hay que decirlo, gobierna Guerrero y públicamente le ha dado el “espaldarazo”.

Es alarmante que los mecanismos e instancias públicas responsables de llevar los procesos de justicia estén dentro de una estrategia de opacidad y omisión ante el clamor de respuestas por parte de la sociedad mexicana para encontrar a los 43 normalistas.

No debe descartarse que el baño de sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local, entre figueroistas y perredistas.

Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Tlatlaya, no son eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.

La elección de las víctimas —los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental. Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego masácralos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas, y la toma violenta de San Salvador Atenco, entre otros. La condena de la ONU, la OEA y las recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.

El Consejo Tiyat Tlali se solidariza con las familias de los 43 normalistas y los integrantes del equipo de los Abejorros y la exigencia de esclarecer estos hechos de lesa humanidad en contra de los jóvenes, que busca acallar las voces de interpelación y propuesta.

La larga lista de violación a los derechos individuales y colectivos, evidencia la incapacidad de un sistema de justicia sin credibilidad y orilla a que se geste un ambiente de descontento social generalizado ante la restauración del autoritarismo.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!