A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con madres y padres de los normalistas y se comprometió a cumplir su promesa de campaña, crear una Comisión Investigadora para la Verdad y la Justicia y así esclarecer el caso que hasta la fecha está lleno de irregularidades de parte de instituciones gubernamentales encargadas de la búsqueda por dilucidar y otorgar justicia a las familias.
La noche del 26 de septiembre de 2016, de acuerdo a la versión oficial arrojada por la investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGR) entonces encargada José Murillo Karam, se dio un enfrentamiento entre estudiantes normalistas que se dirigían a Iguala -en búsqueda de fondos para asistir a las marchas en memoria del 2 de octubre en la CDMX- y la policía municipal de Iguala y Cocula al confundirlos con un grupo criminal dispararon a quemarropa uno de los camiones en donde se transportaban los estudiantes, dejando un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos. El caso se cerró concluyendo que los 43 normalistas habían sido incinerados en un basurero de Cocula después de que elementos policíacos los entregaron al grupo delictivo “Guerreros Unidos”, que versiones periodísticas señalan que operan en la zona.
Desde entonces, los padres de aquellos 43 estudiantes desaparecidos rechazaron la verdad histórica concluida del caso llevado por la PGR y continúan exigiendo verdad y justicia al gobierno. Decenas de investigadores, periodistas y organismos internacionales se han dado a la tarea de recuperar la verdad sobre aquella noche en Iguala y aunque ninguna investigación ha sido concluyente, todas desmienten la versión oficial.
El día de ayer los padres de los normalistas se reunieron con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar se resuelva el tema sobre la Comisión de la Verdad para Iguala con agilidad.
“Se comprometieron a que, en cuanto llegue a la Suprema Corte esa resolución, de inmediato harán el análisis de todo el expediente y se someterá al pleno para dar la resolución que ellos consideren”, mencionó el vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, de acuerdo al diario Reforma.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró que el caso ya es un símbolo de las desapariciones en México y lamentó que a pesar de las “deficiencias e inconsistencias” expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture sobre el manejo por parte del Estado en torno al caso, y calificó de “insostenible” la verdad histórica.
A la reunión que hoy se llevó a cabo en el Museo de Memoria y Tolerancia de la CDMX entre Andrés Manuel López Obrador y los padres de los estudiantes Ayotzinapa también asistieron la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humano, Luis Raúl González Pérez y quien será el encargado de este caso y subsecretario de Derechos Humanos del gobierno entrante, Alejandro Encinas. Al finalizar, el presidente electo ofreció una rueda de prensa en la que reiteró su compromiso para la creación de la Comisión Investigadora para la Verdad y la Justicia sobre el caso, asimismo se comprometió a emitir un decreto el 1 de diciembre para garantizar que no se obstaculizará la investigación y prometió que solicitará el apoyo de organismos internacionales para realizar la investigación.
“No debemos de temer si se conoce la verdad, las instituciones se fortalecen con la verdad y se debilitan con la mentira. No es cierto que si se conocía la verdad se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Cuando se haga justicia, se sepa donde están los jóvenes y se castigue a los responsables las instituciones se fortalecerán”, sostuvo López Obrador.
A cuatro años de aquella noche en Iguala, se preparan movilizaciones en todo el país bajo la consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” convocadas por múltiples organizaciones sociales para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de los hechos y que se retome el caso con la línea de investigación sobre la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas.