¿Otro Ayotzinapa? (sobre la Ley de Seguridad Interior)

Algún día, cuando se pueda caracterizar la época en que

vivimos, el mayo horror será descubrir… las atrocidades

pudieron atribuírsele a las víctimas; los agresores fueron


condecorados por su valentía en la lucha contra las agresiones”.

 Boaventura de Sousa Santos

 

La Ley de Seguridad Interior, que ésta siendo más debatida en las calles que en las Cámaras de Diputados y Senadores, que resulta más objetada toda vez que ha sido publicada y ha entrado en vigor y cuyos debates se presentarán en los tribunales, en los juzgados y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demuestra la poca presencia de la democracia en el Estado mexicano, pues en realidad, antes de que fuera aprobada y antes de entrar en vigor, resultaba necesario que fuera debatida, analizada y estudiada, pero paradójicamente resulta que en nuestro país solamente son escuchados los ciudadanos en los tribunales por medio las instancias judiciales donde se objetan las leyes que se aprueban, es decir, por medio del juicio de amparo, que se ha vuelto la única opción democrática que tiene la población para expresar su sentir sobre una determinada ley o sobre alguna reforma legislativa; por ende, no es el Congreso de la Unión el que se encarga de conocer el sentir del pueblo, sino los propios tribunales, lo cual demuestra que algo está mal, sobre todo, que algo está ausente: la democracia.

Desde luego, las expresiones de la ciudadanía no pueden sentirse hasta que existe la afectación de la ley a sus derechos como gobernados o una vez que ha entrado en vigor la ley o que una autoridad ha realizado alguna actuación que afecta al ciudadano sustentado en esa ley que se objetará; por ello, las leyes son debatidas y aprobadas en el Poder Legislativo, en donde se conoce el alcance de las leyes, sus finalidades y sus consecuencias, pero aquí en México es al revés, primero se aprueban las leyes y después se oye a la población, una vez que la ley ha fracasado por las afectaciones que provoca a los derechos de la ciudadanía.

El problema actual de la teoría del derecho y de la parte que corresponde a la denominada teoría de la decisión judicial (Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría de la decisión judicial, Rubinzal–Culzoni, Buenos Aires, 2008) es que se está dejando toda la responsabilidad en manos de Poder Judicial. Se pretende que los errores del Legislativo y la irresponsabilidad del Ejecutivo se resuelvan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es una muestra palpable de la nula democracia en México, pues de poco sirve que los Estados se denominen Constitucionales Democráticos de Derecho si la democracia es lo que menos se ejerce. Respecto a nuestros tiempos, el profesor portugués Boaventura de Sousa sostiene que en el futuro se describirá de tal forma que “la opinión pública pasó a ser igual a la privada de quien tenía poder para publicarla… Era natural desconstitucionalizar las Constituciones en su nombre” (De Sousa Santos, Boaventura, Democracia y transformación social, Siglo XXI, México, 2017).

En el caso de la Ley de Seguridad Interior, el problema es aún mayúsculo, pues permite legitimar que las fuerzas armadas participen, conforme a los requisitos de la propia ley, en los trabajos de inteligencia y de seguridad interior, para lo cual no están creadas, pues las funciones de las fuerzas armadas son distintas a contener y hacer frente a los problemas de la inseguridad interior; por ello, siempre que las fuerzas armadas participan se debe considerar y poner en tela de juicio si las medidas que implementarán resultarán proporcionales, y para muestra tenemos lo sucedido en Ayotzinapa. Según todas las noticias e investigaciones que circulan al respecto, resulta que los estudiantes tomaron en forma ilícita un camión para transportarse a un evento propio de ellos, sin embargo, el que haya sido el ejército o incluso la propia policía quien haya respondido como es conocido por todos, en los términos en que respondió, es una simple muestra de la violación al denominado principio de “proporcionalidad de las atribuciones del Estado”, pues las fuerzas armadas o policiales no pueden reaccionar en forma desproporcional, como se cita en la academia: “Esta prohibido matar mosquitos a cañonazos” (Vergara, Nava Silvino, Temas jurídicos para tiempos no jurídicos, Escuela Libre de Derecho de Puebla/PaideiaMx, Guadalajara, 2016). En el caso de Ayotzinapa desafortunadamente así sucedió, la reacción fue totalmente arbitraria y desproporcional; por ello, la Ley de Seguridad Interior, sin la participación democrática que se requería antes de entrar en vigor, implica echar la responsabilidad al Poder Judicial y poner en tela de juicio en México el principio de proporcionalidad de las atribuciones del Estado, lo que es prácticamente permitir otro Ayotzinapa.