Por cuarta vez en los dos años y ocho meses que lleva la administración estatal, Rafael Moreno Valle recibió autorización del Congreso de Puebla para contratar una línea de crédito que esta vez ascenderá a 300 millones de pesos y se destinará a cubrir los daños de las lluvias de septiembre.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el panista Mario Riestra Piña, defendió el financiamiento argumentando que el capital será cubierto por la Federación, mientras Puebla sólo pagaría los réditos de una tasa de interés que no supo precisar.
En una entrevista, el legislador basó en una suposición el costo que tendrá el financiamiento para el estado, el cual no se registrará como deuda pública, aunque podría comprometer recursos del erario hasta por 20 años, según los términos del decreto aprobado.
Dado que el préstamo se tramitará con la banca de desarrollo, Riestra conjeturó que aplicará un tipo de interés de 10 por ciento, por lo que estimó un gasto para Puebla de aproximadamente 30 millones de pesos.
La solicitud se aprobó por unanimidad de votos, y sin ninguna discusión, dos días después de que el mandatario local la turnó al Congreso. La propuesta recibió el aval de los 33 diputados que asistieron ayer a la sesión extraordinaria convocada por el Poder Legislativo, el cual se encuentra en periodo de receso.
Los diputados analizaron el financiamiento el miércoles pasado en una mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público que duró 20 minutos, tras la cual el presidente de ese órgano legislativo, el perredista Eric Cotoñeto Carmona, no supo explicar los proyectos de reconstrucción que serán financiados.
Costoso seguro
La administración estatal prefirió buscar el crédito de 300 millones de pesos, el cual se contratará con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que hacer uso de un seguro de daños que exigió al estado una erogación de 15 millones de dólares, es decir, 196 millones 672 mil pesos.
Mario Riestra defendió la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de no aplicar la póliza, al afirmar que el pago del deducible hubiera resultado más costoso que los intereses del financiamiento.
De paso, dijo que el financiamiento es necesario porque los daños en Puebla que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel se encuentran valuados en 700 millones de pesos.
Explicó que los recursos se destinarán, de entrada, a los 31 municipios del estado que la Federación declaró como zonas de desastre, listado que algunos legisladores buscan ampliar por las afectaciones que se registraron en otras demarcaciones, como Tlatlaquitepec, y en diversas vías carreteras, como la Interserrana.
El listado lo componen Ahuazotepec, Aquixtla, Atempan, Chiconcuautla, Chignautla, Francisco Z. Mena, Honey, Huauchinango, Hueyapan, Huitzilan de Serdán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Nauzontla, Pahuatlán, Pantepec, Teteles de Ávila Castillo, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Xicotepec, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zihuateutla.
Largo historial
La primera deuda autorizada por el Congreso local a Moreno Valle ascendió a 2 mil 500 millones de pesos y se presentó en 2010, a través del entonces gobernador Mario Marín Torres, para el inicio de su administración.
La segunda solicitud llegó al Congreso durante el mes de marzo de 2011 para permitir al estado y a los municipios adquirir préstamos por 3 mil millones de pesos o por el monto correspondiente a 25 por ciento de los ingresos que perciben a través de dos fondos del ramo 33.
La penúltima línea de crédito aprobada por los diputados a favor del gobierno estatal se autorizó en marzo de 2012 por 7 mil 250 millones de pesos, con la posibilidad de comprometer recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Todavía queda pendiente la revisión de una solicitud de deuda que Moreno Valle presentó al Congreso el 23 de agosto pasado, con el fin de suministrar recursos a las próximas administraciones municipales que, en el caso de Puebla, será encabezada por su ex secretario de Infraestructura Antonio Gali Fayad.
Esa línea de crédito rondaría los 7 mil 400 millones de pesos, debido a que permitiría a las autoridades acceder a préstamos por 3 mil millones de pesos y comprometer los recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM) durante casi cinco años, según confirmaron fuentes del Congreso. Esa solicitud sigue en la congeladora por la negativa de la bancada priista a aprobarla.