Artículo en la sección Las armas de la crítica, El Zenzontle 123, abril de 2014.
Delegar la soberanía del pueblo en el gobierno, y entregar la toma decisiones de la vida pública en manos de políticos y funcionarios de profesión es parte del sistema de dominación y hegemonía que los pueblos soportan con el capitalismo (incluso con formas pos capitalistas de sociedad sin el poder directo del pueblo).
Las consecuencias para la vida de la población así gobernada son evidentes: el mal gobierno, la dictadura impuesta en «elecciones» manipuladas o impuesta por la fuerza, la formación de mafias criminales («delincuencia organizada») son algunas de las formas evidentes de la expropiación de soberanía y poderes populares por los grupos que controlan la sociedad política, sin legitimidad e incluso ilegalmente. Pero la expropiación de la voluntad popular también se padece bajo la aterciopelada forma de las democracias representativas. En éstas, el voto mayoritario, la estructuración de poderes legislativo, judicial y ejecutivo, las condiciones federales y sus niveles de gobierno, etcétera, una y otra vez demuestran cómo se pierde el mandato original de los pueblos o se lo reorienta al interés de la clase dominante y de sus pactos internacionales. En el capitalismo a esto se le llama «juego democrático» y los Estados, «legalmente constituidos», convierten su funcionamiento en un equilibrio de fuerzas que representan fracciones o de las redes del poder capitalista.
En México, esta condición gubernamental permite paliar, controlar y anular el descontento social cada vez que un segmento del poder político, de los funcionarios, quedan evidenciados en actos de autoritarismo, corrupción, fraude y crimen o relación con el crimen dentro o fuera de las instituciones. Los agravios que la población sufre, se encauzan por escándalos mediáticos, renuncias, averiguaciones judiciales, auditorías y, pocas veces, al encarcelar a quienes «violan la ley y la confianza en ellos depositada» como representantes y funcionarios públicos. Pero no hay ni desagravio, ni reparación de los daños al pueblo, ni castigo efectivo a quienes roban, reprimen, y se coluden con las oligarquías a vender la soberanía nacional y popular sobre recursos, derechos y territorios que son del pueblo.
Las recientes cadenas de denuncias populares por la entrega de soberanías y destrucción de derechos sociales y ambientales que han traído las reformas energética, educativa (laboral) y de telecomunica-ciones, se han canalizado ante la opinión pública construida en los medios como meros actos de «minorías» opositoras al progreso, el buen servicio, o las reglas de una competencia entre monopolios.
Los recursos legales permitidos para esa oposición «minoritaria» son cercados por la institucionalidad para vencer la resistencia popular: primero debes tener la mayoría de los legisladores (para los cuales no hay debate verdadero que valga para incrementar su número de votos y modificar las reformas, sino monólogos y apresuradas votaciones que planchan; aunque si se ven cambios menores o mayores en las reformas pero los que se venden a empresas o grupos de interés que cabildean dentro del Congreso). Legislada la reforma puedes ampararte o reclamar su ilegalidad o inconstitucionalidad, para lo cual debes cumplir requisitos en tiempo, número, representación que funcionan como embudo, filtro o escudo a los decretos de los poderosos. Aparece tardía la posibilidad de que confrontes en los congresos estatales las decisiones de las cámaras legislativas federales, pero ahí actúa nuevamente la correlación de fuerzas partidistas y la compra de votos de algunos que creías eran opositores. Si te atreves a bloquear los congresos enfrentarás la represión y un linchamiento ante los medios por impedir el curso «democrático» de la imposición de las reformas que de manera cínica llaman «armonización». Buscas otros medios jurídicos nacionales como las consultas, éstas imponen nuevas restricciones que dan a los partidos, a las instituciones creadas para suplantar a quienes reclaman, como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, ante los reclamos de los pueblos originarios; por esa ventanilla se obstruyen las resistencias, ni se diga si recurres a comisiones de derechos humanos y organismos al servicio real de los poderes constituidos y de los mandos de gobierno.
Ante esto, las resistencias, los rechazos, las desobediencias y acciones directas, crecen, sea con formas pacíficas o de defensa propia y de reclamo, y todas serán descalificadas, infiltradas y criminalizadas por el poder para golpearlas y aislarlas o si pueden eliminarlas mediante el crimen o la cárcel.
¿Qué hacer cuando no se trata de frenar reformas del capitalismo neoliberal, sino los modos del robo, despojo, explotación y corrupción? Ahí caben hechos como el fraude en Mexicana de Aviación, el cierre de Luz y Fuerza que despidió a los trabajadores del SME, los fraudes con las viviendas Geo u otras, el fraude bancario de Oceanografía empresa entre las muchas que gozan de la privatización de Pemex. cabe también la colusión entre empresas y autoridades de sucesivos gobiernos que le roban desde el Servicio del Transporte Colectivo Metro al pueblo de la Ciudad de México, quien paga con suspensión de una línea, pagos extraordinarios impuestos tras una consulta trucada. Ni se diga cuando nos atrevemos a la defensa de jubilaciones y pensiones, educación vivienda y seguridad social, burlados ahora con el falso seguro de desempleo y las pensiones de miseria universal.
En estos casos, el Estado, sus niveles de gobierno acumulan a lo definido antes sobre las reformas, los dispositivos del clientelismo: a segmentos sindicales (charros o neo charros) a fracciones partidistas o a tribus de organizaciones que comen de la mano de los partidos, se les dan tareas para equilibrar la balanza y encubrir el atraco a la soberanía y los derechos sociales del pueblo. Muchos descontentos son engañados simplemente con el argumento de que se trata de actos «excepcionales» entre particulares, pugnas al interior de partidos o puros mal entendidos. Ante tanta burla nos queda la resistencia y rebeldía del pueblo organizado y autónomo, fuera de la pandilla que nos desgobierna y ultraja.
Este recuento no es una cadena de lamentos: las resistencias pueden exigir o conquistar derechos, al organizarse más allá de estas «representaciones» que NO NOS REPRESENTAN. Sólo la acción militante e independiente que el pueblo organiza y ejerce puede impedir que reine la impunidad de los delincuentes y criminales que despojan, roban o burlan los derechos y la voluntad del pueblo. Resistir más allá requiere hacer uso del derecho constitucional y humano a rebelarnos al mal gobierno y a sus actos, combinada con los pocos instrumentos del derecho de los pueblos a la consulta y la defensa de territorios y derechos de las personas y comunidades. Esos son los caminos propios por los que necesitamos encausar nuestros movimientos.