Aumentan 5 años más la confidencialidad del contrato de Concesiones Integrales

Promueve Congreso reformas que frenarían los abusos en los cobros de Agua de Puebla, denunciados por usuarios de la capital del estado ▪︎ FOTO: José Castañares

El contrato de la privatización del servicio de agua potable y alcantarillado emprendido desde el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas otorgado a la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla fue declarada nuevamente información confidencial por un periodo cinco años este 2018, renovando su reserva hasta el año 2023.

Por considerar que la divulgación de este documento representa un serio prejuicio al Interés Público, integrantes del Comité de Transparencia del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) votaron de manera unánime que nada del convenio celebrado con la empresa puede ser público por lo que el documento fue reservado en su totalidad, en marzo de este año.

Así lo reveló la respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 00981918 que refiere que la Décimo Quinta Sesión Ordinaria celebrada el pasado 15 de agosto de 2018 que expone que los integrantes del Comité descargaron la prueba de daño en la existencia de cuatro amparos de los cuales dos, el 327/2015 radicado en el Juzgado Primero de Distrito y el 860/20116 del Juzgado Quinto de Distrito han logrado llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


Se cita también los amparos el 5714/2017 en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito así como el 99/2018 en el Segundo Tribunal Colegiado, que fueron recurridos y se encuentran en revisión.

En los amparos promovidos se tiene como reclamo central el “ilegal contrato” que se ha concesionado el servicio de distribución de agua a un solo particular por 30 años en la zona conurbada de la ciudad de Puebla.

Se desprende también la secrecía y la falta de publicidad de la apertura de propuestas técnicas dentro de la licitación pública número SOAPAP–LPIC001/2013 del 2 de diciembre de 2013 en la que se llevó a cabo el procedimiento.

Con la existencia de estos amparos, los miembros del Comité de Transparencia SOAPAP justificaron la reserva del contrato y recurrieron al Artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla que considera información reservada: (– –.) X. “La que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado”.

“Habiendo revisado la documentación presentada por el área administrativa responsable de la información solicitada, la aplicación de la Prueba de Daño respectiva es considerada como información reservada en su totalidad por el plazo de cinco años, como quedó establecido en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, o hasta en tanto no se extinga la causal de reserva…, esto es por estar en curso los Juicios de Amparo”, aduce la respuesta a la solicitud de información.

Esta causal sostiene que la divulgación de la información podría obstaculizar las diligencias y los diversos actos de cada etapa procesal, así como las estrategias procesales de cada una de las partes, es decir, la difusión de la defensa de sus puntos de vista y el ofrecimiento de pruebas que lo sustenten, provocaría una expectativa errónea por parte de las partes respecto de su situación jurídica, ante una autoridad que determinará una modificación a su esfera jurídica, vulnerando con ello la conducción de los expedientes judiciales.

Sin difundir, acta de reserva del contrato de Concesiones Integrales

La clasificación de la información este 2018 ya ha sido avalada y confirmada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), en julio de este año durante la resolución de un recurso de revisión 92/SOAPAP–02/2018.

La resolución de la comisionada Laura Marcela Carcaño Ruíz y votada de forma unánime durante la sesión del pleno del Itaipue confirma las causales de reserva esgrimidas por el SOAPAP y su Comité de Transparencia.

Pese a existir el acta de reserva del 15 de marzo de 2018 del contrato a Concesiones Integrales, éste no consta en el índice de expedientes clasificados como reservados ni publicada en formato abierto por el SOAPAP, como mandata la Ley de Transparencia.

Según el artículo 128, el índice debería elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día hábil siguiente de su elaboración, pero hasta este momento, el documento no es público.

Con candando o sin él,  Contrato de Concesiones Integrales, desconocido

Desde 2013, cuando el Congreso local aprobó la iniciativa presentada por el gobernador Rafael Moreno Valle para reformar a la Ley de Agua para que los organismos operadores de los municipios estuvieran facultados para dar en concesión el servicio a empresas privadas, las cuales podrán fijar tarifas y embargar a morosos, los mecanismos para conocer estas concesiones siempre fueron opacos.

Desde ese año, tanto la licitación de la concesión del servicio de agua potable como el convenio con Agua de Puebla o Concesiones Integrales fueron considerados información reservada por un periodo de siete años; pero fue hasta el 4 de mayo de 2016, cuando se llevó a cabo la homologación de la legislación estatal a la Ley General de Transparencia “y temporalmente” el contrato fue liberado de esta reserva.

Esto ocurrió porque entre las bondades de esta nueva legislación constaba la reclasificación de información que hubiera sido reservada por sujetos obligados sin fundamento y abusando de esta figura.

En su respuesta a una solicitud de información de febrero de 2018, con el folio 00192518, el SOAPAP aseguró que luego de publicarse la Ley de Transparencia en el Periódico Oficial del Estado, entre sus archivos no había expedientes clasificados.

Pese a esta afirmación y del mandato de ley que señala que las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados son información pública de oficio, el SOAPAP nunca transparentó en esta oportunidad, el contrato con la empresa Concesiones Integrales en el portal de Transparencia, pese a que era una obligación expresa.

Intereses superiores siguen protegiéndose: defensores del agua

Para defensores del derecho humano al agua y miembros de las organizaciones Asamblea Social del Agua (ASA), “Agua para Todos, Agua para la Vida”, “Por Mi Derecho al Agua”, así como académicos, la reserva de esta información vital sobre los procesos de concesión del agua –a la que consideran una privatización– es una violación al derecho a saber y a la verdad y un intento de protección a beneficiarios que involucran “intereses superiores”.

Señalaron que en forma dolosa, esta información es negada bajo el argumento de estar implicada en juicios, cuando en ningún momento los interesados están solicitando información respecto a las actuaciones que se ventilan en los tribunales o datos que impliquen a los tribunales,  y que el motivo es conocer la información que es de interés público al estar vinculada con un servicio público que está ligado con el derecho humano al agua.

El abogado Omar Jiménez, quien ha promovido la defensa de ciudadanos ante las tarifas de la empresa que se han disparado hasta 500 por ciento en el cobro, lamentó la opacidad que envuelve a Concesiones Integrales y a la privatización del agua y lo atribuyó a los intereses de integrantes del gobierno del estado están implicados.

“Creo que nos sorprenderemos mucho cuando conozcamos quién está detrás de este contrato y los verdaderos dueños de esta concesionaria. Se ha filtrado que para la revocación de este convenio tendría una indemnización de 3 mil millones de pesos, esa es la dimensión de esta concesión. Vamos a seguir con la defensa”, dijo.

María Eugenia Ochoa García integrante del ASA condenó la restricción de esta información  que involucra el derecho al agua constitucionalmente salvaguardado. “Estamos indignados por la falta de transparencia y el uso doloso de quienes debían proteger el derecho a la información en el desempeño de los gobiernos panistas, la información que debía ser pública se volvió a reservar, este acto nos deja en la indefensión pues no sabemos los detalles en los que se privatiza un bien público, sin embargo seguiremos dando la lucha no sólo por el agua sino por el derecho a conocer la verdad”

Esther Galicia, investigadora del Instituto de Ciencias sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Universidad Autónoma de Puebla, considera una experta en el tema hidro–territorial en México y los sistemas de flujo de agua subterránea, consideró como grave la clasificación de reserva del Contrato de Concesiones Integrales pues aseguró es una muestra de que siguen protegiéndose los grandes intereses y reconoció en esta práctica el mismo mecanismo en el avance privatizador a nivel mundial.

Por su parte, José Luis García Bello apostó a la nueva administración municipal de Claudia Rivera la revisión de la decisión de cabildo de 2014 que otorgaba la concesión. Recordó que ha sido una declaración pública la desprivatización del agua de la presidenta electa. “Es un tema que se llevará a consulta pública, el documento será revelado. Un derecho humano no puede ser reducido a un contrato y éste a su vez ser reservado, esta restricción lesiona nuestra disponibilidad al agua”, adujo.