La Auditoría Superior del Estado complica juicio de Eduardo Rivera para que no sea candidato en 2018

Eduardo Rivera. Foto: EsImagen.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró que el Poder Judicial de la Federación suspendiera la revisión del juicio de amparo que interpuso el ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, a través del cual el actual aspirante a la gubernatura del PAN intenta defenderse de la inhabilitación y multa que enfrenta por la fiscalización de su cuenta pública 2013.

La ASE, responsable de auditar el mandato de ese liderazgo albiazul, presentó un recurso de queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que derivó en la interrupción del proceso.

La maniobra del organismo se efectuó en medio de versiones extraoficiales de que tanto éste como el Congreso de Puebla intentan alargar el juicio iniciado por Rivera, para dar lugar a una negociación política entre éste y el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quienes se disputan la postulación del PAN a Casa Puebla de 2018.


Desde diciembre de 2016, Rivera acusó a Moreno Valle de estar detrás de las sanciones del Poder Legislativo local, consistentes en una inhabilitación para ocupar cargo público durante 12 años y una multa de 25.5 millones de pesos. El objetivo, dijo, es vetarlo de los comicios venideros.

La estrategia jurídica

La queja que suspendió el juicio de amparo 943/2017 de Eduardo Rivera la presentó el director General Jurídico de la ASE, Homero Abelardo Ancheita del Río, contra la resolución del 13 de julio que emitió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales.

En la resolución impugnada por la auditoría, el juzgado requirió al ex munícipe ampliar la información sobre el proceso de embargo que inició la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) para cobrarle la sanción económica de 25.5 millones de pesos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito admitió el recurso de queja el 4 de agosto de 2017, razón por la cual el martes pasado el Juzgado Tercero de Distrito ordenó la suspensión del juicio y canceló una audiencia constitucional que se celebraría el 23 de agosto para continuar con la revisión del caso.

Mientras se reactiva el litigio, sigue firme la determinación que tomó el juzgado de suprimir el nombre de Eduardo Rivera del Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, mientras no se resuelva de fondo la legalidad del proceso que siguió el Congreso para sancionarlo.