El pasado viernes 15 de mayo Concepción Colotla, dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV), y ejidatarios de San Jerónimo Coyula, Atlixco, estuvieron en las instalaciones de la Delegación de Procuraduría Agraria en Puebla, en donde un grupo de ejidatarios inconformes con las acciones del Comisariado ejidal Jerónimo de los Santos Jesús le reclamó sus gestiones para presionarlos a vender sus tierras para la construcción de un bulevar que atravesaría sus tierras de cultivos. Si bien el comisariado ejidal se comprometió a no reincidir en las presiones hacia los miembros del ejido que se verían afectados por la obra y que no están dispuestos a vender sus parcelas, la problemática sigue ahí.
Es decir, el proyecto de construcción existe, pero no la autorización de los ejidatarios para que sus tierras sean utilizadas para dicha construcción. Si bien no tienen claro el nombre de la empresa que estaría a cargo de la obra, recuerdan el nombre de un funcionario del “banco de tierras” de Puebla, al cual hay que dirigirse para cerrar los tratos. Es decir, funcionarios al servicio de las empresas constructoras que buscan liberar el derecho de vía, frente a la resistencia de sus propietarios o poseedores, que además denunciaron la invasión de sus predios, al ser colocadas sin su consentimiento estacas y marcas en los mismos.
La obra desembocaría en la autopista Siglo XXI, en el tramo Puebla–Morelos, afectando a varios ejidos de esa zona de Atlixco, y entonces uno se pregunta qué tendrá que ver este bulevar con la reactivación de la construcción del Arco Poniente que unirá el Arco Norte de la Ciudad de México con la autopista Siglo XXI en Atlixco, uniendo a San Martín Texmelucan con Atlixco y atravesando los municipios de Chiautzingo, Huejotzingo, Domingo Arenas, Calpan, San Jerónimo Tecuanipan y Santa Isabel Cholula hasta llegar a Atlixco.
No es la primera vez que la comunidad de Coyula se enfrenta a la embestida del gobierno con la creación de proyectos que ponen en riesgo la labranza de las tierras. En 2004 el ejido de Coyula salió a defender sus terrenos de cultivo de la instalación de un gasoducto que hoy conocemos como Proyecto Integral Morelos (PIM), y cuya ruta fue desviada a la zona que colinda entre Atlixco y Huexca, donde la actividad del Popocatépelt y el riesgo volcánico sigue constituyendo una amenaza indiscutible para sus moradores.
Sin embargo, esto no ha sido motivo para buscar preservar la zona de la expansión inmobiliaria; ya se ha mencionado por el gobierno estatal de la entidad el interés de la construcción del gasoducto Tlaxcala, Puebla, Morelos, con el fin de “desarrollar” un área que hoy se mantiene con actividades agropecuarias.
La expansión de la infraestructura vial es un síntoma y una necesidad para el desarrollo de nuevas actividades productivas y de urbanización en regiones donde además existe agua para sustentarlas y para lo cual se han establecido nuevas políticas gubernamentales para “ordenar” el territorio y crear las reservas territoriales necesarias para la expansión, a partir de lo que se desprende del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013–2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16/12/2013, así como la transformación de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, creada en 1974 en Instituto Nacional de Suelo Sustentable, que tiene por objeto “planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas, proyectos, estrategias y acciones relativos a la gestión del suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable, de acuerdo con cuatro ejes sustantivos, donde destacan la constitución de reservas territoriales y suelo apto para el desarrollo y las acciones de regularización intensiva del suelo en sus diferentes tipos y modalidades, donde los territorios rurales y campesinos estarán sometidos a las presiones del crecimiento urbano al poder definirse como nuevas reservas territoriales con la denominación de sustentable.