Atención a damnificados del S19: Justicia federal reconoce omisión de autoridades

Atención a damnificados del S19: Justicia federal reconoce omisión de autoridades. Estiman la violación de 17 artículos constitucionales ■ Foto Kara Castillo

La justicia federal reconoció en un juicio de amparo que los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 (S19) en Puebla, específicamente en Izúcar de Matamoros, sufrieron omisión de parte de autoridades federales y estatales en la atención de la tragedia y no recibieron o en algunos casos, fue incompleto el dinero del fondo de Reconstrucción de Vivienda.

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla resolvió el mes pasado el amparo colectivo 1284/2018 interpuesto por damnificados del S19 de Izúcar de Matamoros por la omisión de autoridades al seguimiento al programa de reconstrucción de viviendas, estimando la violación de 17 artículos constitucionales.

Jueces federales instruyeron al gobierno del estado, dependencias y delegaciones que repararan el daño a las familias afectadas y que en tanto reconstruyeran su vivienda y recibieran el dinero completo para la reconstrucción, hicieran lo posible por otorgarles una vida digna.


El acuerdo de suspensión del pasado 10 de julio, reconoció la situación que sufrieron familias para las que ordenó que fueran de inmediato atendidas en un albergue seguro, amplio, limpio, con servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, sanitarios, baños para ducha, dormitorios, áreas recreativas y, de ser posible, áreas verdes.

La medida otorgada también ordena que los quejosos y sus familias tuvieran servicio médico gratuito, medicamentos y vacunas de parte de la Secretaría de Salud e instruyó al DIF a dar alimentos en el albergue durante la estancia mientras sus casas son reconstruidas, pues al cumplirse 10 meses de distancia del terremoto, aún viven a la intemperie.

“En general, se les brinde todo lo necesario para subsistir ante la destrucción de sus viviendas, afectadas por el sismo de 19 de septiembre de 2017. (.)” Lo señalado es procedente atento a que la situación en la que actualmente se encuentran los quejosos y tiene como origen el desastre natural ocurrido, el 19 de septiembre de 2017 –sismo–, obteniendo por ello el carácter de damnificados al ser afectados por el mismo, de lo que deriva que, las autoridades las responsables y las vinculadas al cumplimiento de la suspensión provisional están obligadas, dentro del ámbito de su competencia legal por así disponerlo el numeral 1 Constitucional, a ejecutar todas las medidas urgentes tendentes a garantizarles una mejor situación”, aduce el acuerdo del juzgado federal.

El acuerdo va dirigido a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sedatu), al gobernador Antonio Gali Fayad, a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, al Coordinador General de Protección Civil del Estado de Puebla.

La notificación se extiende hasta la presidencia de Izúcar de Matamoros para dar seguimiento a la atención de las familias que sufrieron pérdidas tras el sismo pero nunca fueron atendidos por autoridades o se simuló su ayuda.

El amparo 1284/2018, que fue presentado en dos bloques, el primero correspondió a cuatro quejosos y sus familias y fue cerrado con 32 afectados muy graves que desde el S19 en peligro por la debilidad de paredes y techos y en condiciones que comprometen de manera muy importante su salud.

En entrevista con familias que interpusieron amparos revelaron que han sido hostigadas por el funcionario de la Sedeso en Izúcar de Matamoros, Cedric Solano Puig, quien en visita domiciliaria les invita a retirar la queja para “acelerar la entrega de la tarjetas”, advirtiéndoles que “ponerse contra el estado” no es buena idea.

Crece número de ciudadanos que se ampara para recibir apoyos completos tras S19

Fueron integrantes del Comité Ciudadano por la Reconstrucción del S19 en Izúcar de Matamoros quienes cansados de denunciar la omisión de las autoridades ante el cumplimiento y seguimiento del Programa de Reconstrucción a damnificados, optaron por ayudar a las familias a buscar ayuda legal.

Al amparo colectivo 1284/2018, se han sumado otros dos que a la fecha se han promovido por un equipo de litigantes de Puebla, Aguas Calientes, Querétaro, Guadalajara, Chiapas, Mexicali , que tomaron la defensa de damnificados de la Mixteca, de manera honorífica.

En entrevista, Israel Sánchez, uno de los abogados del grupo que emprendieron la cruzada nacional por Puebla, explicó que en este primer amparo fue interpuesto por 32 afectados el 26 de junio de este año.

El litigante con especialidad en derechos fundamentales y miembro con distinción internacional con presencia en países de Latinoamérica reveló que a la fecha 120 personas han interpuesto tres amparos colectivos, todos por la omisión del estado mexicano en la atención a la situación de emergencia derivada del S19.

El segundo amparo fue presentado en el Juzgado 4 de Distrito y el tercero interpuesto en el Juzgado 2, el pasado 25 de julio, informó el también asesor y consultor en materia de amparo y derechos humanos, y precisó que en este momento se preparan más recursos legales para casos especiales.

“El acto reclamado es la omisión al cumplimiento y seguimiento del programa de Reconstrucción de Vivienda derivado del desastre del 19 de septiembre de 2017, a 10 meses, afectados no han recibido las tarjetas con el apoyo económico para revertir el daños total y parciales a sus viviendas, algunos afectados aunque cuentan con el plástico, el dinero no ha sido depositado o está completo o por alguna razón no han tenido acceso al recurso económico del programa nacional, además desde ese tiempo han vivido en casas inhabitables o en la calle”, sostuvo el abogado experto en temas de derechos humanos.

Sánchez explicó que en la Mixteca poblana existen viviendas de afectados por el sismo de 7.1 que no fueron censadas por personal de Sedatu a pesar de la evidente destrucción de sus casas.

La queja recurrente –reconoció– es el depósito incompleto en las tarjetas, pues a quienes se les calificó de daño parcial en sus viviendas solo han recibido 15 mil pesos, cuando el Congreso estipuló que el recurso alcanzaría los 25 mil pesos para el titular de la vivienda afectada.

En el caso de damnificados con daños totales, el monto de 30 mil pesos –monto calculado para mano de obra– y 90 mil pesos para materiales de construcción, tampoco ha llegado íntegro.

Esto lo hacemos para aportar un granito de arena”

El abogado Sánchez, integrante de un equipo de litigantes dedicados a causas de justicia, explicó que el equipo de profesionales que representa a ciudadanos afectados tienen un profundo interés en que quienes lo perdieron todo puedan recuperar un poco sus vidas y poner un alto a los actos violatorios de autoridades. “Creímos que podíamos ayudar un poco… es tremendo lo que viven estas familias”, reconoció.

Sánchez consideró que este primer juicio de amparo será un parteaguas en la exigibilidad de los derechos en Puebla y aseguró que tras el acuerdo de suspensión dictado por el Juzgado Sexto, los ciudadanos afectados han empezado a recibir el dinero en las tarjetas por lo que prevé que el amparo quede sobreseído tras desaparecer el acto impugnado.

“Lo que se reclamó no es más ni menos a lo que tienen derecho las familias afectadas, tienen el derecho a recibir lo que ya se había pactado”, resumió.

Israel Sánchez destacó que gracias a la reforma de la ley de Amparo de 2011 y 2013 el espectro protector de los derechos humanos se amplió el modelo garantista que permite al ciudadano el amparo de la justicia cuando le sean violados los derechos previstos en los tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado Mexicano, protegiendo además el interés colectivo y no solo el de particulares.

“Se tiene que hacer uso de este recurso, la gente debe conocer el alcance de un amparo. Es efectivo hacer un plantón, pero al final de cuentas los tribunales es donde se dirimen las batallas”

Sin dinero, las tarjetas entregadas por Sedatu

Sin dinero las tarjetas que recibieron damnificados por el S19 que acudieron al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito Bansefi a recoger el plástico por sustitución de nombre, trámite convocado por la Sedatu.

Integrantes del Comité Ciudadano por la Reconstrucción del S19 en Izúcar de Matamoros denunciaron que hasta el día de hoy, jueves 2 de agosto el recurso económico prometido para el medio millar de afectados a quienes se les aseguró que en 48 horas, luego de recibir las tarjetas la pasada semana, serían activadas y el dinero del fondo de apoyo, estaría disponible

El reclamo por repartir tarjetas sin fondos comenzó desde el pasado jueves, cuando damnificados beneficiados con el reparto el pasado lunes 23 de julio recibieron los plásticos, en la sucursal de Bansefi a protestar porque el recurso económico aún no había sido activado, pero solo obtuvieron promesas por respuesta.

“Yo soy un beneficiario de la tarjeta con el recurso de Fonden, el lunes cuando nos entregaron el plástico nos dijeron que el dinero se activaría en 48 horas, pero a más de una semana no hay nada en ellas, nos dicen que debemos esperar, pero no sabemos cuánto tiempo más”, refiere un testimonio videograbado por este medio.

Desorganización, falta de información y caos marcaron la jornada de entrega de las últimas 517 tarjetas Bansefi para la reconstrucción de viviendas afectadas en Izúcar de Matamoros tras el S19, realizado en la semana del 23 al 27 de julio, que se ampliaría hasta este fin de mes y estaba dirigido a personas cuyas tarjetas no habían sido recogidas por los beneficiarios o hubo sustitución de nombre, por muerte o por residencia en el extranjero

Desde el primer día de la jornada, los damnificados que acudieron a realizar el trámite en la sucursal bancaria tuvieron que esperar más de seis horas para ser atendidos, formados desde antes de las 8 de la mañana, provenientes desde sus comunidades a más de tres horas de distancia, Hasta pasadas las 2 de la tarde, hora en que llegaron los burócratas de Sedatu se inició al reparto de plásticos.

Funcionarios de Bansefi exigían a los damnificados una copia del comprobante domiciliario y el original de éste para corroborarlo, requisito que aunque no fue difundido condicionaba la entrega del recurso.

–¿Por qué, por qué hacen eso, nosotros viajamos desde nuestro lugar de origen, viajé tres horas, gastamos lo poco que teníamos… ahora dices que no me entregarás las tarjeta, esos datos los tienen ustedes, ya se los dimos, más de tres veces, ustedes tienen el registro oficial de nuestro censo, parece que lo hacen a propósito. Por qué ? –reclamó una mujer ya entrada en la tercera edad.

–Los trámites son los trámites. Entiendan, yo no puedo dar tarjetas así porque sí. Y a mí, a Bansefi no le reclamen, nosotros llegamos temprano, aquí estamos también esperando al personal de la Sedatu.