ASF demanda transparentar “obligaciones financieras” contraídas por Moreno Valle

En campaña Moreno Valle, “visitando diversas entidades”, dice Damián Zepeda.

La Auditoría Superior de la Federación demandó al gobierno de Puebla se transparente la deuda pública contraída en el último año del sexenio del panista  Rafael Moreno Valle Rosas, que fue reportada como “otras obligaciones financieras”, con la contratación de Asociación Público Privada (APP), Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y proveedores.

Además de la entidad poblana, el organismo federal también exigió transparentar las mismas obligaciones a siete estados más que concentran el 56.9 por ciento de 217 mil 322 millones 500 mil pesos.

Este martes, la ASF entregó a la Cámara de Diputados la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.


El reporte reveló que, de 2012 a 2016, entre los gobiernos estatal y municipal, así como universidades públicas de Puebla no se solventaron mil 716 millones de pesos.

Durante la administración de Moreno Valle se construyó la planta armadora de automóviles Audi (10 mil millones de pesos), a través de una APP, mientras que el Museo Internacional del Barroco  (7 mil millones de pesos) y el Centro Integral de Servicios (3.8 mil millones de pesos) se edificaron por medio de PPS.

Los tres proyectos emblemáticos del gobierno morenovallista suman al menos una deuda de 20.8 mil millones de pesos, sin contar que los tres serán pagados a lo largo de 30 años.

Asimismo, el gobierno de Moreno Valle creó un fideicomiso con la empresa  Evercore, que “administra” los recursos que se obtienen por el manejo del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), cobrado a empresarios poblanos.

Hoy se sabe que los 3 mil 240 millones de pesos que anualmente entregó el gobierno del panista a Evercore, propiedad del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, podría haber sido invertido en la isla de Barbados, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

El semanario mexicano Proceso dio a conocer el año pasado en una serie de reportajes de Paradise Papers, investigaciones internacionales que en conjunto hacen periodistas y medios de diversos países para descubrir a evasores fiscales y prácticas de lavado de dinero.

Apenas la semana pasada, los senadores del PRI exigieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) investigar el origen del supuesto financiamiento realizado por Juan Melquiades Vergara Fernández a la campaña 2010 para gobernador de Puebla de Rafael Moreno Valle Rosas, ante la posibilidad de que se tratara de recursos públicos de otros estados.

También pidieron indagar si Vergara inyectó fondos a la promoción de Antonio Gali Fayad, actual titular del Poder Ejecutivo local, y si estos fueron resultado de un desvío de recursos.

La deuda pública de 10 entidades alcanza los 515 mil mdp

En el reporte efectuado por la ASF se informó que Puebla y otras 10 entidades cumplieron con el principio de sostenibilidad, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en las estadísticas trimestrales de deuda pública, que el monto del endeudamiento de las entidades federativas fue de 515 mil 89 millones de pesos.

En un cruce de información, con datos de la Auditoría y el Sistema de Alertas de la SHCP, se concluyó que el saldo ascendió a 732 mil 411 millones 500 mil pesos, con una diferencia de 217 mil 322 millones 500 mil pesos que corresponden a “otras obligaciones financieras”, pasivos, proveedores, contratistas y Asociación Público Privada.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación pidió se implementen mecanismos de coordinación entre los gobiernos estatales y Hacienda, a fin de que se registre en sistemas de información integrales y públicos, las APP y los pasivos con proveedores y contratistas.

El objetivo, arguyó la ASF, es asegurar la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales, y para evaluar finanzas públicas.