La diputada federal Roxana Luna Porquillo aseguró que se encuentra firme dentro del PRD, pese a las constantes amenazas de expulsión que ha recibido de la dirigencia estatal a cargo de Eric Cotoñeto Carmona.
En entrevista, aseguró que las acciones en su contra responden a la postura crítica que ha asumido frente a la administración estatal de Rafael Moreno Valle Rosas, que ha censurado en diversas ocasiones por su falta de atención al campo, nula transparencia, políticas privatizadoras y constantes endeudamientos.
En esa lógica, dijo que el presidente estatal del PRD sólo pretende quedar bien “con alguien” al atacarla políticamente, pero recordó que la definición sobre su permanencia en el sol azteca no depende de él, sino de los órganos nacionales.
“Y a nivel nacional la correlación entre las fuerzas internas permite que el partido actúe con base en los estatutos”, manifestó la representante popular.
Las diferencias entre Cotoñeto y Luna se acentuaron durante el proceso electoral de este año debido a que la legisladora federal, líder en Puebla de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), se negó a respaldar la alianza PAN–PRD que impulsó el titular del Poder Ejecutivo local.
Cotoñeto aseguró en junio pasado que el partido dio inicio a un proceso de expulsión contra Roxana Luna, por su presunta participación en un mitin del PRI durante las campañas pasadas del cual nunca dio detalles.
La legisladora federal aseguró que la advertencia sólo respondió a un mecanismo de coacción de Cotoñeto, quien busca controlar los comentarios que ha realizado de manera pública sobre el gobierno morenovallista, ya que el procedimiento nunca se llevó a la práctica.
Descartó la posibilidad de que el dirigente perredista, que lidera a nivel estatal el grupo de Nueva Izquierda, retome las amenazas de expulsión, ya que vencieron los términos para que se analizara esa propuesta.
De paso, aclaró que continuará con los llamados de atención al gobierno del estado, por lo que esta semana prepara un punto de acuerdo que presentará a la Cámara de Diputados para denunciar el proyecto de privatización del servicio de agua potable que impulsa el mandatario local, así como la represión que ha sufrido el magisterio en Puebla durante las movilizaciones contra la reforma educativa.