El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció que la violencia que se vive en el municipio de Puebla pone en riesgo a los capacitadores y supervisores del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes son víctimas de asaltos y amenazas, así como testigos de enfrentamientos violentos en los que tiene participación bandas criminales.
La alerta la realizó el representante de Morena en el distrito 06 que tiene su cabecera en la capital del estado, Alfonso Javier Bermúdez, demarcación de la que forma parte la colonia Clavijero, donde se registró una balacera el 26 de marzo anterior en la que perdieron la vida dos personas, entre éstas un elemento de la Policía Estatal Preventiva.
El Consejo Distrital 06 del INE acordó proporcionar un informe de la situación de seguridad que enfrenta el personal responsable de preparar a los funcionarios de casilla de la elección del 1 de julio, informó Javier Bermúdez en entrevista.
En la sesión de ese órgano electoral, el representante de Morena explicó que los supervisores le reportaron que han sido víctimas de tres asaltos y uno de ellos se encontraba en Clavijero en el momento de la balacera.
“Los supervisores electorales ya manifestaron como se están dando la cosas y es necesario que se tomen las medidas que corresponden”, demandó en la sesión del Consejo Distrital ayer.
Exige al INE reconocer la problemática
Ante la postura que ha asumido el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla, de no considerar necesarias medidas adicionales de seguridad para sus funcionarios, Javier Bermúdez urgió a reconocer la problemática.
“No pretendan engañarnos, estamos ante una Puebla que no es segura, una Puebla que no avanza, estamos ante una Puebla que solo nos ha entregado acciones que trastornan”, manifestó.
El representante de Morena afirmó que parte de la violencia es incentivada por el Partido Revolucionario Institucional, al que acusó de integrar grupos de choque para atacar a los candidatos de otras fuerzas políticas.
Asimismo, denunció que operadores del tricolor iniciaron una estrategia de compra de consciencias “indiscriminada” entre los ciudadanos que salieron sorteados para fungir como funcionarios de casillas, a quienes ofrecen hasta 2 mil pesos para defender los intereses del Revolucionario Institucional.