A cinco años de la privatización del agua en Puebla, la Asamblea Social del Agua (ASA) informó que presentará al Congreso local un proyecto de iniciativa para revertirla y abrogar la Ley Estatal de Aguas que buscará anular en definitiva la concesión que detenta la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. por 30 años.
Asimismo, la ASA se pronunció por la aprobación de la Iniciativa Ciudadana Estatal de Ley del Agua (ICELA), se está construyendo participativamente con el respaldo de la ciudadanía.
Por otro lado, los integrantes de la Asociación anunciaron que habitantes de las colonias populares como la de Mateo del Regil convocan a una huelga de pagos a Concesiones Integrales para enfrentar estas injusticias y exigir que se suspenda a la brevedad posible la concesión de la administración del servicio.
El 13 de septiembre de 2013, se inició el proceso de privatización del agua en el estado, siendo publicadas las Reformas a la Ley de Agua en el Periódico Oficial, luego de su aprobación un día antes en el Congreso local que avaló por mayoría la iniciativa presentada por el gobierno panista de Rafael Moreno Valle.
“Somos testigos de los impactos que esta decisión ha generado en la vida de millones de poblanos y poblanas, se ha deteriorado dramáticamente las condiciones en que reciben el agua, los tandeos se han incrementado y existen colonias donde solo cuentan con el líquido una vez a la semana por unas horas”, reclamó la investigadora María Eugenia Ochoa.
Además, señaló, desde que brinda el servicio la empresa Concesiones Integrales, S.A. de C.V., la calidad del servicio en términos administrativos también se ha deteriorado en todos los aspectos.
“El agua no llega a tiempo y la población se ve obligada a pagar aunque no cuente con el servicio; la cantidad de agua consumida y la tarifa se paga con base a los estratos y se impone la compra de medidores”, enfatizó.
A esto sumó la baja calidad del agua, la cual está muy lejos de ser potable. Esto obliga a la población a comprar agua para beber, aunado a que el color y olor son desagradables, y los efectos son corrosivos en las cañerías y en los enseres y muebles de uso doméstico.
En rueda de prensa, donde también estuvo el activista José Luis García, acusaron que los cortes del servicio de agua y drenaje ilegales están siendo impulsados por la empresa, aludiendo la falta de pago, sin tomar en cuenta múltiples circunstancias que van desde las tarifas injustas, la crisis económica y los problemas de salud.
Argumentaron que los estratos y tarifas impuestos desde la aprobación de la privatización del agua contravienen acuerdos y normativas internacionales de las cuales nuestro país es firmante y que establecen que el pago del servicio de agua no debe exceder el 3 por ciento de los ingresos de los hogares, y que en el caso de Puebla se ha incrementado hasta en 500 por ciento.
Acusaron que los abusos de la empresa continúan, dado que no es público el convenio firmado entre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) y la empresa, debido a que se encuentran reservados por 12 años.
Al final, informaron que este 15 de septiembre harán entrega de tres cartas dirigidas al nuevo gobierno municipal de Puebla y a la Junta Directiva del Congreso Local, así como a la coordinación del grupo parlamentario de Morena, quienes se han manifestado positivamente a sus propuestas.