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Tengo la esperanza de que para cuando salgan publicadas estas líneas, Sergio ya esté de regreso en su casa, junto a su familia. Él es indígena nahua, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y forma parte de la resistencia a la hidroeléctrica que quiere imponer la empresa Minera Autlán, en la Sierra Negra de Puebla. Un megaproyecto que ha sido denunciado debido a que implicaría la devastación de cientos de hectáreas de selva, la contaminación de los ríos Coyolapa, Huitzilac y Tonto, así como el desplazamiento de comunidades indígenas de San Pablo Zoquitlán y Tlacotepec de Díaz, entre otros municipios. Mediante la hidroeléctrica, esta empresa busca abastecer de energía a los hornos de fundición de su planta de producción de acero en Teziutlán, al norte del estado. Minera Autlán es parte del Grupo Ferrominero de México y pertenece al empresario José Antonio Rivero Larrea.
MAIZ ha denunciado que la empresa, en alianza con funcionarios de la Secretaría de Energía (SENER) y de las autoridades municipales, ha realizado “consultas indígenas” amañadas y además cuenta con estudios de impacto ambiental “a modo”, autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y de acuerdo al modus operandi en este tipo de procesos de despojo, ha comprado las voluntades de personajes estratégicos para penetrar en la vida comunitaria, al grado que los sermones del párroco son favorables a la empresa y el director de la primaria ha instruido a niños y niñas para que convenzan a sus padres sobre los beneficios que traerá el proyecto.
El 23 de agosto, Sergio viajó en su moto de Coyolapa a Tepexilotlapara sacar unas fotocopias. Según testigos, personas desconocidas que viajaban en una camioneta blanca arrollaron a Sergio y después lo levantaron. Su motocicleta y unas hojas de papel quedaron en el suelo, pero no quedó ninguna señal que pudiera dar pistas sobre su paradero. Antes de ser víctima de desaparición forzada, había recibido amenazas e intimidaciones. Por WhatsApp y en su cuenta de Facebook recibió algunos avisos: “Pinche presa de todos modos la van a hacer y de todos modos te vas a ir a chingar a tu madre donde vives perro. Si no por ay te encargo a alguien de Coyolapa que te rompa tu madre (…)”. El 28 de junio, personas relacionadas con la presidencia municipal de Zoquitlán, golpearon y amenazaron a Sergio con matarlo. Esos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, por lo que las autoridades judiciales no pueden argumentar que desconocían el caso.
Según el primo de Sergio, además de la oposición a la hidroeléctrica, su desaparición pudiera tener también un móvil político-electoral, pues el PRD y el PAN, que gobiernan en ambos municipios, fueron derrotados en las pasadas elecciones por MORENA, cuya propuesta central de campaña en la región había sido la de dar marcha atrás a la presa hidroeléctrica. Se dice que incluso al existir la posibilidad de que Sergio fuera nombrado como director de obras en el próximo gobierno municipal, los grupos de poder que apoyan el megaproyecto sintieron amenazados sus intereses (www.mexico.com: 30/8/2018). El 29 de agosto, unos 150 integrantes de MAIZ se manifestaron en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador para pedirle que intervenga, ya que a una semana de su desaparición, ninguna autoridad había hecho lo más mínimo para encontrar con vidaa Sergio. Omar Esparza, integrante de la organización, denunció que la criminalización de los defensores de derechos humanos y el despojo de los territorios ancestrales indígenas, tiene que ver con “la reforma energética, se focaliza la violencia hacia los defensores de la tierra, del agua, los compañeros que están resistiendo porque no quieren vender su territorio porque no quieren entregarlo, y sobre todo porque las maneras en que lo están llevando a cabo son violatorias a todo tipo de actos constitucionales” (www.adnpolitico.com: 29/8/2018).
El 24 de agosto, el Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena emitieron un comunicado en el que hacen responsable de la vida e integridad de Sergio “al mal gobierno mexicano en todos sus niveles, y principalmente a los presidentes municipales de Tlacotepec de Díaz y San Pablo Zoquitlán, quienes han sido operadores de la destrucción de los tejidos sociales y comunitarios de toda la región, así como de la confrontación interna que necesitan los empresarios y sus capataces para apoderarse de lo que es de los pueblos”.
El Comité de Desaparición Forzada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha solicitadoal Estado mexicano que adopte todas las medidas necesarias para localizar y proteger a Sergio, garantizando una investigación inmediata e imparcial sobre su paradero y condición. Las medidas cautelares que se adopten deberán hacerse extensivas a sus familiares y allegados, particularmente a otros integrantes de MAIZ, pues a raíz de que denunciaron los hechos ante la PGR y el gobierno estatal, su vida e integridad también corren peligro.
En meses recientes, en el estado de Puebla han sido asesinados y desaparecidos otros defensores de la tierra y el territorio que se oponen a los proyectos de muerte, como Manuel Gaspar Rodríguez, que luchaba contra la imposición de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Cuetzalan y Adrián Tilihuit de Zacapoaxtla, que participaba en la resistencia contra Gaya S. A. de C.V. Desde el año 2013, esta empresa pretende imponer la instalación de una planta hidroeléctrica en las inmediaciones del Río Apulco.
El estado de Puebla es rico en diversidad biológica, lingüística y cultural. Pero es sobre todo su riqueza en biodiversidad y en “recursos naturales” la que se ha convertido en objeto de deseo para la voracidad del capital, por lo que sus diversas regiones se encuentran atravesadas por un sinfín de proyectos extractivos que prometen el “desarrollo”, como minerías a cielo abierto, presas hidroeléctricas, gasoductos, explotación de gas y petróleo por fractura hidráulica, carreteras y ciudades rurales.
Con indignación pero también con esperanza, exigimos la exhaustiva búsqueda, localización y presentación con vida de Sergio Rivera y la cancelación de la hidroeléctrica en la Sierra Negra, así como de todos los proyectos de muerte que día con día se entronizan en el estado de Puebla y en todo el país.