Amparo a Castillo Montemayor; es antesala a su libertad, dice abogada

Amparo a Castillo Montemayor; es antesala a su libertad, dice abogada.

El ex secretario del Medio Ambiente estatal Francisco Castillo Montemayor se encuentra en la antesala de su libertad, ya que el amparo que le concedió Rafael González Castillo, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla, exhibe los errores cometidos por la juez Sexto de los Penal de Puebla, Idalia Arciniega Arias, y la obliga a emitir una nueva sentencia sobre el ambientalista, la cual no puede ser otra que dejarlo libre, opinó la abogada Adriana Villanueva.

El viernes pasado se supo que Castillo Montemayor había ganado un amparo, lo cual fue interpretado como el auto de libertad al ex servidor público, quien ha sumado 10 meses en calidad de preso político por haberse confrontado con el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Sin embargo, en una revisión a la sentencia del juez Rafael González Castillo, respecto al juicio de garantías 1556/2016–VI, se advierte que lo que se le ha ordenado a la juez Sexto Penal de Puebla, Idalia Arciniega Arias, es volver a emitir una sentencia porque incurrió en varios yerros.


La litigante Villanueva Martínez, consultada por esta casa editorial afirmó: “Lo que dice el amparo concedido al señor Francisco Castillo Montemayor es claro: se violó su derecho a la seguridad jurídica considerado en el Artículo 19 Constitucional y los motivos que exhibe de esa violación el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla, son evidentes y muestran que es imposible que encuadre en el delito de peculado que se le imputa, y aunque es muy probable que la Fiscalía General del Estado de Puebla presione para que así suceda, como parece haberlo anunciado, es en verdad difícil que no se le dicte el auto de formal prisión, es un asunto solo de tiempo”.

Los yerros

Según el amparo, al que tuvo acceso esta casa editorial, Rafael González Castillo, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, establece que en el caso de Castillo Montemayor “se transgredió el derecho de seguridad jurídica tutelado por el artículo 19 de la Constitución. Ello atiende al hecho de que la juez responsable efectuó una delimitación inexacta del delito de peculado, desde el apartado de cuerpo del delito y luego desarrolló afirmaciones incongruentes frente a las constancias del proceso criminal.

Entre otras cosas, al preso político se le puso en “estado de indefensión para el trámite de la causa penal, pues la delimitación de los elementos impediría al quejoso (como procesado) identificar supuestos concretos que se le imputan respecto del tipo de peculado”.

Según el amparo, “la juez responsable estableció una base ineficaz para la acreditación de elementos una valoración incongruente de las pruebas de cargo, en algunos puntos hasta contradictoria”. Un ejemplo de los yerros que tuvo la juez Sexto Penal de Puebla, Idalia Arciniega Arias, y que exhibe el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se transcribe a continuación:

“Ahora, la primera afirmación incongruente que detecté –conforme al orden cronológico de los hechos– está en el análisis de los recursos económicos autorizados para la construcción de las estaciones de transferencia de residuos. De entrada, porque la juez responsable estableció que el programa de las estaciones comprendía 11 municipios, en particular los que mencionó en diferentes partes del acuerdo de formal prisión.

“Pero las actuaciones integradas a la causa penal revelan que dicho programa se autorizó para 63 municipios, como lo informó el otrora secretario de Finanzas y Administración del estado de Puebla, a través del oficio de 16 de junio de 2008 (foja 200 del anexo I). Lo cual evidencia una imprecisión desde el número de estaciones que comprendía el programa, al grado de impactar el derecho de seguridad jurídica”.

Aunque se deja claro que “el amparo otorgado al quejoso no tiene el efecto de propiciar su libertad inmediata, pues todo dependerá del nuevo estudio que se haga para la situación jurídica”, también se puntualiza que la juez Idalia Arciniega Arias incurrió en otros errores como no valorar la solicitud de prisión preventiva domiciliaria que le formuló la defensa de Francisco Castillo Montemayor y no hacer una correcta valoración de las pruebas de cargo.

La noticia sobre el amparo concedido al ambientalista fue dada a conocer el pasado viernes por fuentes cercanas a la familia, quienes dijeron que con este fallo se ha confirmado lo que se dijo desde el principio, que Castillo Montemayor fue un preso político del régimen del ex gobernador Rafael Moreno Valle por haber exhibido las pretensiones del ahora aspirante presidencial de privatizar espacios verdes, como el parque ecológico Flor del Bosque.

Desde el pasado 13 abril Francisco Castillo Montemayor purgaba prisión domiciliaria, la cual le fue concedida debido a su complicado estado de salud y a que tiene 70 años de edad, lo que le da ese tipo de garantía a quienes se encuentran encarcelados.

En enero del presente año, el ex colaborador del ex gobernador Mario Marín comenzó a enfermar debido a las condiciones infrahumanas que padecen los reos en el Centro de Reinserción Social de la capital poblana. Por esa razón tuvo que salir varias veces para ser atendido en hospitales, pues su vida llegó a estar en riesgo.

Al ambientalista se le acusó del delito de peculado y desde el principio de su caso sus defensores exhibieron las actas administrativas y otros documentos oficiales, recibidos y avalados por el gobierno de Moreno Valle, los cuales demostraban que entregó buenas cuentas durante su gestión como secretario en la administración estatal 2005–2011.

El encarcelamiento político de Castillo Montemayor generó repudio y protestas por parte de organizaciones, activistas y ambientalistas dentro y fuera del país. Su esposa e hijos se involucraron activamente no solo en su defensa legal, sino también en movilizaciones sociales, solidarizándose con otras víctimas de la persecución de Moreno Valle, como los familiares de Rubén Sarabia Simitrio, líder y fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre quien junto con dos de sus hijos y otros miembros de la organización permanecen encarcelados por no someterse a los deseos del ex gobernador panista.