Amnistía Internacional: se puede presumir una ejecución extrajudicial en Palmarito

Amnistía Internacional: se puede presumir una ejecución extrajudicial en Palmarito.

Amnistía Internacional dio a conocer ayer el resultado del análisis que de manera independiente hizo a los videos que registraron el enfrentamiento de la noche del 3 de mayo entre la Policía Militar y huachicoleros en Palmar de Bravo, que dejó como saldo 10 muertos. La organización concluyó que se puede presumir que un soldado ejecutó extraoficialmentre a un supuesto delincuente.

En un comunicado, Amnistía Internacional advierte “la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales”, pronunciamiento que ocurre justo cuando se debate la necesidad de una Ley de Seguridad Interior que permita a las instituciones castrenses desempeñarse en esas tareas.

Casi en paralelo, la Procuraduría General de la República (PGR) con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio a conocer que investiga a 30 soldados que participaron en la confrontación del 3 de mayo en la junta auxiliar de Quecholac. La víspera, el titular de Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio Carrancá Bourguet, dijo que los nueve civiles detenidos por los hechos están sujetos a investigación por parte de su dependencia homóloga federal.


Sobre el video, el comunicado de Amnistía Internacional, cita declaraciones de Erika Guevara–Rosas, directora para Américas de Amnistía Internacional:

“Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”, ha

“La mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas. Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia. En lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas.”

Fuentes militares confirmaron oficialmente que el 3 de mayo de 2017 el Ejército llevó a cabo dos operaciones de seguridad en Palmarito Tochapan. Según las fuerzas armadas, durante la segunda operación hubo un tiroteo entre soldados y presuntos delincuentes que desembocó en la muerte de cinco personas, dos soldados entre ellas. Unos días después se publicaron en las redes sociales unas imágenes de video presuntamente pertenecientes a la operación en las que un soldado dispara supuestamente a una persona tendida en el suelo.

“Amnistía Internacional ha verificado de forma independiente las imágenes sin encontrar ningún indicio de que hubieran sido editadas o manipuladas”, se destacó en el comunicado

La organización también ha verificado que las imágenes se tomaron en Palmarito Tochapan, que el video no se publicó en internet antes del 4 de mayo de 2017 y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen en él coinciden con los de otras imágenes de las fuerzas armadas de México.

AI analizó también otros videos del mismo suceso que se publicaron de forma independiente en las redes sociales y que corroboran estas imágenes.

“Basándose en estos datos, AI tiene razones suficientes para creer que la noche del 3 de mayo de 2017 podría haberse cometido una ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan, Puebla, y pide a las autoridades una investigación civil imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado en el caso, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior”, asevera.

Y reitera: “Todos los indicios señalan que miembros del Ejército Mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es un crimen de derecho internacional. Las autoridades mexicanas no deben perder más tiempo y abrir una investigación civil urgente de este incidente”.

El caso surge en medio de un debate nacional en torno a un proyecto de Ley sobre Seguridad Interna que encargará a las fuerzas armadas su participación en algunas operaciones de seguridad que debería llevar a cabo la Policía y que incluye conferirles facultades para detener a personas, reunir y procesar pruebas y participar en la investigación de delitos. “Las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas”, finaliza el comunicado.