Las candidatas a las alcaldías de Hueytamalco, Teteles de Ávila Castillo y Zaragoza de la coalición “Juntos Haremos Historia” recibieron amenazas de muerte y son objeto de hostigamiento a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, a lo que se suma un intento de secuestro en contra de una de ellas, denunció la Red Plural de Mujeres.
En conferencia de medios en la capital del estado, las afectadas acusaron que la Secretaría General de Gobierno se rehusó a brindarles protección, alegando falta de recursos, pese a que se comprometió a asignar a un policía a cada aspirante que lo solicite.
Anita Reyes García aspirante a la presidencia municipal por Zaragoza, relató que en febrero estuvo a punto de ser secuestrada, cuando en su propio domicilio un grupo de sujetos a punta de pistola trataron de llevársela.
Gracias a la intervención de su familia, se logró frustrar el rapto, obligando a los secuestradores huir del lugar.
En tanto, Elizabeth Lourdes Martínez Romano, aspirante a la presidencia municipal por Teteles de Ávila Castillo, acusó que fue víctima de violencia electoral, ya que la madrugada del domingo pasado recibió mensajes de WhatsApp donde la amenazaban con asesinarla a ella y a su hija sino abandonaba el municipio.
A su vez, Alma Salinas Martínez, aspirante a edil de Hueytamalco, destacó que en marzo pasado la amenazaron de muerte vía telefónica.
La SGG, que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano, ofreció protección a los candidatos del presente proceso electoral, tras el asesinato de tres aspirantes.
El 16 de marzo pasado, fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia municipal de Francisco Z. Mena, Gustavo Martín Gómez Álvarez.
José Jairo García Oliver, aspirante del PAN a diputado del distrito local de Huejotzingo, fue el primero en morir en condiciones violentas. Su cuerpo se encontró con un impacto de bala en la cabeza al fondo de un barranco en el municipio de San Matías Tlalancaleca, el 4 de febrero pasado.
En tanto, Aarón Varela Martínez, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, fue ejecutado el 28 de febrero.