Algo muy peculiar se publicó el pasado 31 de agosto en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, pues se dio a conocer un decreto por al cual se expide un nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP), un cambio que llama la atención por dos razones: porque se hace cuando faltan tres meses para que acabe la actual administración del Poder Ejecutivo y porque reemplaza al anterior reglamento que apenas tenía siete meses de existencia.
¿Qué sentido tiene publicar un nuevo reglamento para la secretaría que consume la mayor parte del presupuesto cuando queda un suspiro de la actual administración estatal?
¿A qué se debe que el anterior reglamento de la SEP no aguantó ni siquiera un año y hubiera la necesidad de desecharlo?
Son dos las explicaciones de ese cambio, que a todas luces, parece una auténtica frivolidad de la anterior legislatura local, que en lugar de preocuparse por los problemas de violencia, discriminación y de derechos humanos que sufre el estado, prefirió atender solicitudes que responden a guerras internas entre las cabezas de la burocracia estatal.
Se dice que el actual titular de la SEP, Ignacio Alvízar Linares, se siente tan seguro de que Martha Érika Alonso va a ser la próxima titular del Poder Ejecutivo y que él será parte de su gabinete, es decir que será ratificado en la cartera de secretario de Educación Pública.
Por esa razón, Alvízar Linares –quien tiene un oscuro pasado como funcionario del área educativa y se destaca por su falta de lealtad política– se mandó a hacer un reglamento interno de la SEP a modo, acorde al funcionamiento que considera debe tener esta dependencia y para colocar en puestos claves a personas de su entera confianza.
Otra razón por la cual se expidió un reglamento de la SEP el pasado 26 de enero de 2018 y siete meses después, se publica un decreto para desecharlo y poner en vigencia un nuevo ordenamiento, es que con ello se ha tratado de enmendar el desastre causado en la Secretaría de Educación Pública por parte de su anterior titular: Patricia Vázquez.
Cuentan que entre el final del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas y el primer año de de la actual administración estatal, en la SEP se vivió en el caos por los excesos de la entonces titular Vázquez del Mercado, quien llegó a ese cargo por ser parte del grupo morenovallista, pero no por ser una especialista en el tema del manejo del aparato educativo.
La anterior secretaria de Educación tenía conflictos con los funcionarios que eran parte del grupo de Luis Maldonado Venegas, el primer titular de la SEP del morenovallismo, con los que provenían de la estructura del SNTE y con Ignacio Alvízar, quien fue su subsecretario de Educación Superior.
Para zanjar esas diferencias, se dice que Vázquez del Mercado alteró la estructura de la SEP para resolver diversos asuntos –o para acabarlos de descomponer– sin tener que acordar, dialogar, sin verle la cara a los funcionarios con quienes no tenía afinidad o no eran de su confianza.
Y no importó que se cometieran algunas barbaridades, cuentan los conocedores del tema, como que las escuelas normales dejarán de depender de la Subsecretaría de Educación Superior y pasaran a ser del área de Educación Básica, lo cual era desconocer el carácter de esos centros de estudios.
O a que la educación básica se le dejara de llamar así, en el ámbito oficial, para ser considera como “educación obligatoria”, lo que se contrapone a definiciones que se han hecho en el ámbito federal.
Pareciera entonces que como parte de las diferencias que había entre Patricia Vázquez del Mercado –quien dejó el cargo en abril de este año– e Ignacio Alvízar Linares, el segundo se propuso reformar el Reglamento Interno de la SEP para arreglar todo lo que descompuso su antecesora y al mismo tiempo, para crear una plataforma política que le impulse como candidato a seguir siendo secretario de Educación.
Todo esto refleja que entre los directivos de la SEP la prioridad no es resolver las carencias de maestros y salones dignos en cientos de escuelas del estado, de reducir los índices de deserción escolar, de frenar el robo de cuotas en los planteles o garantizar una mejor formación de los docentes, sino el resolver las disputas de poder que hay en el interior de dicha secretaría.