Alto a la militarización, que vuelva el ejército a sus cuarteles

FOTO: esimagen / Jafet Moz

En vísperas de iniciar su gobierno Andrés Manuel López Obrador matiza y en algunos puntos claramente recula de lo que planteó en su larga campaña hacia la presidencia de México. Es el caso  de su repuesta a la exigencia social de que los militares (marinos y soldados del ejército mexicanos) retornen a sus cuarteles luego de las graves consecuencias de haber militarizado la seguridad pública y muchos puestos de gobierno en sus niveles nacional, estatal y municipal. Dicha militarización arrojó pésimos resultados como fuerza principal en la mal llamada “guerra contra las drogas”, que se ha convertido en guerra a la población y, particularmente, guerra a las insurgencias civiles que se oponen a los megaproyectos capitalistas.

Las masacres de San Fernando, Tamaulipas, de Tlatlaya en el Estado de México y de Nochixtlán Oaxaca, apenas son puntos evidentes de acciones contra migrantes, campesinos y maestros. Su papel hasta ahora oscurecido en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sumada a los asesinatos y lesiones graves cometidos en Iguala muestran la desconfianza que la población tienen ante su ocupación de caminos y calles y de miles de comunidades.

Más aún está demostrada su ineficacia frente al domino territorial de los cárteles y su estrategia de detención de jefes de los mismos con destrucción de algunos plantíos y laboratorios de la droga que no han reducido la exportación de la misma, por el contrario, se los ve como adictos a la corrupción, la complicidad y en algunos casos  a la posible participación en el comando del crimen organizado en algunas regiones.


Ante  esto y la movilización popular contra la guerra, la militarización y su intento de legalizarla con una Ley de Seguridad Interior, Andrés Manuel López Obrador parecía reconocer la necesidad de iniciar un cambio efectivo de estrategia que tendría como punto inmediato la vuelta de los militares a sus cuarteles. Pero en agosto, luego de su reunión con los mandos de la defensa nacional y la marina armada de México, cambió su repuesta y argumentó ante los medios: “No quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad. No se podría atender el problema de la inseguridad y de la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina… Les adelanto que no podríamos dejar de utilizar al Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública, porque no hay una alternativa en la actualidad”.

Se dejó venir la crítica irónica de sus opositores desde la derecha, pero también la clara oposición de organizaciones populares y de defensores de derechos humanos que aún no se pliegan o arrodillan ante el gobernante electo: exigieron el cumplimiento del compromiso de AMLO, y que se definiera también ante aspectos claves como la militarización de las fronteras y la amenaza pendiente de aplicar legalmente lo que en los hechos es una ley de militarización y estado de sitio, la Ley de Seguridad Interior aún en manos de la Suprema Corte de Justicia.

Así las cosas, el 29 de agosto el próximo secretario de seguridad pública, Alberto Durazo declaró que no se entendió bien lo dicho por AMLO y que se irá paulatinamente regresando a los militares a sus cuarteles para reducir su número en las calles a la mitad en los primeros tres años y terminar el proceso al final de los seis años de gobierno de López Obrador.

Un plan preciso de desmilitarización de la vida pública aún no se presenta. En las carreteras, las calles y las comunidades soldados y marinos las ocupan atizando aún más la violencia, las policías de todos los niveles no califican ni en capacidad y menos en honestidad ante los criminales. Los presidentes municipales y gobernadores aparecen una y otra vez comprometidos con el negocio, igual que empresarios, principalmente transnacionales que usan sicarios y cárteles para dar seguridad a sus empresas que despojan territorios y saquean las riquezas del a país.

Está por verse hasta dónde sigue reculando el gobierno del cambio para que nada cambie. Al pueblo organizado sólo le queda autoprotegerse.

Comisión de la Verdad

Por Alberto López Limón

A raíz del triunfo electoral de Morena a la Presidencia de la República, se ha puesto de nuevo, dentro de los luchadores sociales, en particular los que luchan contra la represión, derechos humanos y la solidaridad, la exigencia de crear una nueva Comisión de la Verdad.

Las Comisiones de la Verdad se formaron por la presión de los pueblos a sus gobiernos, cómo un acto de justicia ante la impunidad de los Estados capitalistas, como medida de corrección ante el abuso del poder detentado por los más fuertes y minoritarios grupos que controlan el Estado.

¿Quién o quiénes ejercen esa represión? Existen dos respuestas que corresponden a formas distintas de enfocar el problema y su solución. Por un lado, los que consideran que la represión, la desaparición de personas, las ejecuciones extra judiciales y demás violaciones a derechos humanos corresponden a excesos del poder, a la responsabilidad de funcionarios públicos y, por lo tanto, pueden ser corregidos por las propias instituciones. La justicia se reduce a tomar medidas para corregir esos excesos y a buenos deseos de que en el futuro los represores dejen de reprimir y realicen sus actividades pegados a “derecho”  o más bien habría que decir a legalidad; la ficción de vivir en un Estado de derecho se materializa con deseos y buenas voluntades de corregir excesos. Esta corriente, que domina en el mundo, reduce los hechos históricos a luchas aisladas, comprimiendo los hechos sociales en luchas individualistas, y soluciones personalistas.

Por el otro lado, se encuentran todos aquellos que cuestionan el fundamento de la legalidad de las instituciones, que conciben que la represión es el resultado de la forma en que se han organizado las instituciones de justicia, donde el grupo minoritario que ejerce el poder traza los destinos del país, por lo que el ejercicio de la violencia y el resultado de la espiral violenta que nos aqueja hasta el presente es la forma en que los grupos pro imperialistas, empleados, amigos o socios de grandes capitalistas han venido ejerciendo su poder.

Para terminar con la violencia “sin sentido” se necesita otra forma de ejercer el poder político, económico y social. En este sentido, las Comisiones de la Verdad sirven como instrumento ético fundamental para perpetuar la memoria histórica de nuestro pueblo, para que los represores sean juzgados por tribunales, para limitar y eliminar la impunidad existente: ni perdón, ni olvido.

A fin de cuentas, la justicia es un instrumento de clase; la ejercen unos cuantos, quienes han decidido qué parte de la historia es verdadera y cuál eliminar. Los pueblos han resistido. Hacen su propia historia, defienden sus organizaciones y su verdad, Más que hombres sabios y de intachable conducta moral necesitamos que sean dirigidas las Comisiones de la Verdad por verdaderos luchadores sociales, con experiencia, que no se rindan, ni se vendan, que no se desanimen por los inmensos problemas a los que se enfrentan y que no tengan miedo ni prejuicios.

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