El legislador federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, informó que desde la tribuna de la Cámara de Diputados realizarán un exhorto al Congreso del estado para que la tarifa baje hasta el 40 por ciento por el servicio de agua para uso doméstico, debido a que Puebla es una de las ciudades del país donde los cobros resultan más onerosos.
La mañana de este lunes, el legislador encabezó una protesta frente a las oficinas de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, en contra de las altas tarifas y los cortes del servicio de agua y drenaje.
En entrevista, advirtió que si el Congreso del estado logra rescindir el contrato por la privatización del agua a Concesiones Integrales SA de CV, la empresa no sólo se defenderá ante tribunales internacionales sino que buscará embargar las arcas estatales por no pagar a la firma.
Sin embargo, destacó que lo importante es el movimiento que se ha gestado desde las colonias populares en la conformación de comités de defensa del agua, para frenar los abusos en los que incurre la empresa.
Alejandro Carvajal aclaró que el proceso jurídico para desprivatizar el agua en Puebla será largo y complicado, tras reconocer que el gobierno municipal “no tuvo tacto” al asegurar a los usuarios que podría revertir el contrato en el año, cuando desconocía el Título de Concesión de manera integral.
“El proceso de rescisión del contrato es complicado por las contraprestaciones que la empresa pide o va a pedir, y entendemos que el gobierno estatal tendrá que abrir los canales necesarios para abrir los canales necesarios para dar una solución que no es rápida, porque son procesos legales, juicios y arbitraje internacional, pero estamos haciendo el trabajo e impidiendo los cortes en la colonia”, aseveró.
A la manifestación acudieron usuarios de diferentes colonias populares de la capital, como es el caso de Maravillas, Lomas de San Miguel, Galaxias y Agua Santa, donde de manera ilegal la concesionaria ha realizado cortes de agua y drenaje, reparando el servicio hasta 20 días hábiles después.
Llamó la atención que entre los asistentes se encontraban el abogado Alejandro del Castillo, quien fue señalado por la señora Elia Tamayo y pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan de haberlos timado en la defensa por el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
“El pueblo se cansa, de tanta pinche transa”, “solución”, “solución”, fueron algunas consignas que se escucharon en las inmediaciones a las oficinas de Concesiones Integrales, donde Alejandro Carvajal y su equipo de trabajo están a la espera de entablar diálogo con los representantes de la empresa.
El diputado federal acusó que Concesiones Integrales ha incumplido con el contrato, pues sólo el 20 por ciento de las plantas de tratamiento están funcionando, mientras los principales ríos están contaminados, provocando problemas de salud.
“Tenemos que seguir haciendo el ejercicio de presión, no podemos demandar a la empresa de manera particular, necesitamos que el gobierno del estado, el Congreso y el ayuntamiento de Puebla actúe; estamos haciendo la labor, y aunque parece complejo la suma de empresas darán los resultados”, enfatizó.
Asimismo, dijo que es necesario regularizar los pozos que existen en las juntas auxiliares que están en manos de comités ciudadanos o privados, de los cuales no hay registro ni tratamiento adecuado del agua.
Al final, el morenista aclaró que no hay un cambio de discurso en la lucha por desprivatizar el servicio del agua, luego de señalar que hubo una falta de tacto por parte de las autoridades por asegurar que la rescisión del contrato se daría este año.
Consideró que es necesario dialogar con la empresa e iniciar un plan integral para sanear los ríos, invertir en plantas tratadoras, hablar con los ayuntamientos y mejorar el servicio.
“No solo es entablar un juicio contra la empresa y ya quítate; no se puede, esa es la realidad”, admitió.
-¿Se buscaría renegociar el contrato? –se le preguntó.
-No estamos de acuerdo en renegociar, sino revocarla y que entre el organismo del Soapap a administrar el servicio, modificando la reglamentación para tener un cobro adecuado, porque ya se volvió un problema de salud pública y de derechos humanos contra los usuarios.