AMLO sostuvo siempre como temas prioritarios de su campaña el combate a la corrupción y una austeridad republicana, dejando claro que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Como presidente electo de México, López Obrador ha reiterado la urgente necesidad de instrumentar un plan de austeridad que elimine gastos onerosos e innecesarios, la reducción de 70 por ciento de la actual burocracia, 50 por ciento de reducción del salario insultante de la alta burocracia, la eliminación de pensiones millonarias, y una disminución de las prerrogativas a los partidos políticos en 50 por ciento, entre otros, implicaría ahorros superiores a los 130 mil millones de pesos anuales.
El plan contempla canalizar los ahorros a proyectos de interés nacional e impulsar acciones que privilegien la igualdad de oportunidades en educación, salud, empleo y programas sociales.
Ante el pronunciamiento del presidente electo, no han dejado de sonar las protestas, los berrinches, los incomodos, los ofendidos, las absurdas amenazas de renuncia, las ridículas declaraciones del colapso de la administración pública federal por el despido masivo de hombres y mujeres que aseguran tener acumulada experiencia. ¡Ojo! no es el modesto empleado o de nivel medio el que expresa su inconformidad; sino el burócrata VIP, el de la clase privilegiada, el de los bisnes, del tráfico de influencias, el marrullero, el que usa toda estratagema para sacar provecho, el que gana 300 mil pesos mensuales, 600 mil pesos o incluso más. Es un insulto de la alta burocracia que goza de tantos privilegios y prebendas en medio de un país con más de 70 millones de pobres, 8 millones de analfabetas, 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, 9 millones de jóvenes con estudios profesionales y posgrados que no consiguen empleo y se les niegan las oportunidades, niveles exorbitantes de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y una deuda que supera los 10.5 billones de pesos. Hoy se confirma nuevamente que el llamado “Peligro para México”, siempre lo fue para la clase privilegiada, que se resiste bajar sus insultantes sueldos que por años han mantenido del erario público y que, con uñas y dientes, hoy defienden lo que nunca devengaron. Tan solo el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que impone el salario mínimo desde hace 26 años, gana 173 mil 620 pesos mensuales; ministros y magistrados con sueldos de 600 mil pesos y enormes prestaciones que se autoasignan sin transparencia, y legisladores que se resisten a someterse a lo establecido en el artículo 127 constitucional, donde ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República; es decir, 108 mil pesos como lo anuncio por el propio Andrés Manuel López Obrador.
Para lograr el renacimiento de México, el cinturón tendrá que apretar parejo. “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se puede improvisar fortunas, ni entregarse al ocio ni a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala” (Benito Juárez García).