Hasta la sede de Almaden Minerals en Canadá llevarán estudios que demuestran la devastación de la empresa en Sierra Norte

Cuatro pobladores de Ixtacamaxtitlán viajarán esta semana a Canadá para dialogar con ejecutivos de la empresa Almaden Minerals sobre los efectos nocivos que causará la instalación de la mina a cielo abierto para extraer oro y plata en sus comunidades, a fin de frenar el proyecto al que han calificado de “muerte”.

Se trata de Ignacia Serrato, Francisca Zamora, Alejandro Marreros e Ignacio Carmona, quienes sostuvieron que la apertura de la mina traería daños irreversibles al medio ambiente, a la salud y violaría los derechos humanos.

En Canadá, los afectados por la minería mantendrán encuentros con tomadores de decisiones, inversionistas y aliados de otros movimientos sociales internacionales, a quienes les presentarán los resultados de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) en las comunidades de la región. 


Estos estudios fueron realizados por científicos y especialistas en medio ambiente e investigación empresarial, y cuentan con el respaldo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), las organizaciones Poder, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida,  Atcolhua y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Los científicos y especialistas determinaron en el estudio que los derechos humanos al agua potable, la salud y a un medio ambiente sano en la zona están parcialmente garantizados, pero que la operación de la mina a cielo abierto que planea Almaden Minerals implicará daños irreversibles para el disfrute de estos derechos, así como para todo el ecosistema.

En abril pasado, la empresa Minera Gorrión obtuvo el permiso de la Semarnat para desarrollar el proyecto Ixtaca IV que consiste en la búsqueda de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán –de más de 25 mil habitantes-  por un periodo de año y medio.

Almaden Minerals obtuvo la concesión por medio siglo para empezar a explorar las tierras desde 2011, pero para la explotación necesita los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA), aunado a que la movilización social mantiene frenado el proyecto.

Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) admitió el trámite que ingresó la Minera Gavilán para hacer lo mismo en el municipio de Libres.

Ambos proyectos son filiales de la empresa canadiense Almaden Minerals, y fueron publicados en la edición 24 de la Gaceta Ecológica de la dependencia federal.

Actualmente, la multinacional es dueña del 72 por ciento de las concesiones mineras en la región de la Sierra Norte de Puebla.

La mina de Ixtacamaxtitlán se ubica en la cuenca del río Apulco, a unos metros de distancia de la comunidad de Santa María, con afectación directa a las tierras de cultivo de la población de Loma Larga.

De acuerdo con el periódico en línea estadunidense HuffPost, la directora de Vinculación Estratégica de Poder, Eugenia López, informó que han pasado a la fase de exploración, pero están los impactos que provoca en sí misma la minería a cielo abierto, con lo cual se quita de un tajo todo el monte, se usan muchísimas sustancias químicas y se requiere mucha agua para poder estará lavando los metales que se extraen.

Asimismo abundó que “hay una obligación de las empresas por una debida diligencia de los derechos humanos y queremos ir a visitar a inversionistas allá y al propio gobierno canadiense para llamarles la atención sobre lo que está pasando acá con una empresa de su país y apelar a la prevención para evitar abusos más graves en la mina de Ixtacamaxtitlán”.

La representante de Poder argumentó que hubo violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues al tratarse de pueblos originarios debieron ser consultados sobre el proyecto.

Dicho Convenio establece  la consulta de las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados a los interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Eugenia López, quien ha dado acompañamiento al caso en los últimos tres años, dijo que esa fue una de las cosas que se exigió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependencia federal a la que también se le solicitó que la empresa Almadens Minerals efectuara una consulta previa a la población indígena.

El argumento que ha dado la transnacional minera en los últimos años es que los terrenos donde se instalará la minera es un sitio “vacío”, con uso de suelo “nulo”, a pesar que se trata de un municipio con más de 25 mil habitantes que realizan actividades productivas.

Al final, concluyó que confía tras el juicio de nulidad que interpuso hace un mes, las autoridades vean que realmente hay una oportunidad de prevenir y que con esta movilización comunitaria reconsideren la concesión que se ha dado.

“Es una oportunidad de que se mejoren las políticas en México, no puede ser que se den las concesiones, aunque las empresas no se están comprometiendo ni cumpliendo con las responsabilidades que tienen éticamente, moralmente y normativamente”, puntualizó.

Poblanos protestarán en oficinas de la multinacional en Vancouver

Según los pobladores de la comunidad de Ixtacamaxtitlán han buscado un acercamiento con el gobierno poblano, la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua y a Derechos Humanos, pero “luego de tocar puertas, no pasó nada”.

El periódico HuffPost reveló que la visita de los inconformes contra Almaden Minerals a Canadá coincide con una discusión que hay en aquel país sobre la necesidad de contar con un ombudsperson que vigile el respeto a los derechos humanos dentro de las industrias extractivas.

En julio pasado, expertos de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos, manifestaron su beneplácito por la propuesta de contar con esta figura en Canadá.

Al final de la visita, precisó el periódico digital, planean manifestarse frente a las oficinas centrales de Aladem Minerals, en la ciudad de Vancouver, junto con aliados de organizaciones civiles de esa ciudad.

También sostendrán reuniones con representantes de movimientos sociales como sindicalistas, comunidades nativas de Canadá y otras organizaciones civiles.