El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soapama) restablecer el suministro del agua a una familia a la que impuso el pago de 36 mil pesos, tras reconocer la violación del derecho humano al agua por parte del organismo local.
El caso ganado fue a favor del ciudadano Vicente García Morales, de 89 años de edad, quien está a cargo del sustento económico de un nieto con discapacidad; sin embargo el juez de Distrito emitió un resolutivo ambiguo, al no pronunciarse contra el cobro ilegal y excesivo por parte del ayuntamiento.
Así lo dieron a conocer integrantes de la Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco, acompañados por la abogada Mariel Bonilla Dumit y el activista Ollin Amaro, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos en Puebla y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
En rueda de prensa, los declarantes denunciaron que las autoridades municipales han recurrido a la amenaza constante contra quienes defienden el derecho al agua, patrimonio que se encuentre en peligro tras el intento de concesionar el servicio en Atlixco.
Bonilla Dumit informó que la organización ha interpuesto cuatro juicios de amparo, de los cuales dos siguen en proceso debido al desgaste en el que incurren las autoridades para que los denunciantes desistan.
Del caso ganado, la abogada expuso que por un lado se reconoce al agua como un derecho humano, pero por el otro se les concede la responsabilidad a la autoridad de elevarla al incumplimiento de pago a crédito fiscal.
“Quedó demostrado el excesivo cobro que se está realizando contra un anciano de 36 mil 800 pesos, por una deuda de 2015 a la fecha, es decir, 15 mil 500 por año, cuando en las comunidades de Atlixco las personas de edad avanzada pagan 30 pesos anuales por el servicio de agua”, argumentó.
Explicó que la justicia federal concedió el amparo “porque reconoce que están violentando el derecho humano al agua, y ordenó al Soapama reestablecer el servicio, el cual fue cortado con el uso de la fuerza pública”.
No obstante, explicó que el resolutivo del juez de Distrito es ambiguo porque faculta al gobierno municipal de determinar la capacidad económica del denunciante, para llegar a un convenio de pago.
En ese sentido, Mariel Bonilla precisó que el juez ordenó la reconexión del líquido, siempre y cuando se pague una parte del adeudo, el cual tendría que negociarse entre el señor Vicente y la autoridad municipal.
De lo contrario, advirtió la abogada, el Soapama está facultado para volver a dejar sin agua a la familia, e incluso embargar la vivienda del anciano.
En ese sentido, Ollin Amaro manifestó que la postura del alcalde José Luis Galeazzi Berra, ha sido represiva contra los integrantes de la Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco.
El activista refirió que existe por parte del gobierno municipal una campaña permanente para denostar el trabajo de la organización.
Como ejemplo citó que desde el año 2014, el alcalde panista ha hecho señalamientos contra los defensores del agua, a través de medios de comunicación, mientras amenaza con visitas a domicilios por parte de la Policía Ministerial, porque representan un movimiento con presencia en 22 colonias.
Al final, emplazó al Poder Judicial de la Federación para que enmiende el error por no pronunciarse sobre el cobro excesivo del servicio del agua en Atlixco, omisión que consideró como una consigna contra la organización.
Pese a ello, informó que continuarán con acciones de denuncias legales y sociales, para demostrar la gravedad del problema del agua que existe en Atlixco.
Actualmente, reveló que Atlixco y la ciudad de Puebla se encuentran entre los 10 municipios del país con las tarifas más altas en el servicio, a raíz de su privatización a manos particulares.